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En días pasados la Asociación Tierra y Vida tuvo la oportunidad de convocar a más de 200 reclamantes de tierra de distintas regiones del país, con quienes se reunió en el Centro de Memoria Histórica para realizar un balance a la implementación de Ley 1448, más conocida como La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Las intervenciones no pudieron ser más desalentadoras. En todas las regiones de donde procedían los reclamantes ocurre una situación parecida con características propias de la zona que las diferencias obviamente, pero lo cierto es que territorialmente la implementación en lo que tiene que ver con reclamación de tierras, está fracasando.
Lo anterior ocurre porque en primer lugar la cantidad de trámites y papeleo al que se somete a la víctima cuando va a hacer la reclamación son tantas, que desborda el límite de 90 días para que por ley se le restituyan sus terrenos que le fueron despojados. En segundo lugar porque las instituciones en lo territorial, fueron capturadas por estructuras criminales de la que hacen parte abogados, jueces, fiscales, policías, funcionarios públicos y miembros de las Bacrim, que hacen que más se demore la persona en instaurar la solicitud, que el gatillero en llegarle en una moto a su casa que le va a amenazar para que desista de su diligencia.
Esta captura institucional sigue vigente en municipios y departamentos donde se debe dar la restitución, y son tan pobre las medidas de protección que brinda la Unidad Nacional de Protección, que difícilmente se va a garantizar seguridad a quien se atreva a solicitar la reclamación de tierras y su vida corra peligro por cuenta de las amenazas que son pan de cada día en municipios como Tierralta por ejemplo, sin que exista vigilancia alguna de los órganos de control y de orden público.
Es por esto y otras razones que ahora que el señor Procurador está promoviendo un “Pacto por la Paz”, y está escuchando y debatiendo con sectores políticos y de la academia, que tenga en cuenta las voces de la sociedad civil, en este caso, de las víctimas del conflicto y de restitución de tierras, como es el caso mío por ejemplo, para que conozca estos hechos en primer lugar y en segundo lugar para intercambiar opiniones sobre su propuesta.
Nadie mejor que las víctimas del conflicto armado y reclamantes de tierra, para hablar de si efectivamente las medidas que por ahora se han tomado desde el gobierno nacional para garantizar una paz sostenible en el largo tiempo, están dando resultado o se están quedando en los escritorios de la burocracia de las instituciones públicas en los territorios. Lo mismo que de los ajustes que se deben hacer, para preparar a Colombia hacia un eventual posconflicto en sus territorios, que es donde se va a dar este escenario.
Es justamente esta población quien puede enriquecerle el debate con el que se busca promover un “Pacto por la Paz”, porque es quien tiene el conocimiento real sobre la situación de la población en municipios y veredas de Colombia, que es donde se aplican las medidas de restitución de tierras y reparación a víctimas en primer lugar y en donde se van a implementar las políticas del posconflicto.
Por tanto señor Procurador, lo invito a que nos reunamos y discutamos una posible inclusión de las víctimas del conflicto armado dentro del debate de un Pacto por la Paz que usted promueve con el ánimo de que conozca de nuestros labios, las propuestas e ideas que al respecto tenemos, y que también nos permita debatir las diferencias que existen entre los puntos de vista, suyos y el nuestro, como las reglas de la democracia lo indican, es decir bajo un diálogo cordial y de respeto como es debido.
Señor Procurador me gusta su idea de promover un Pacto por la Paz, pero me gustaría que dentro de esa discusión se tenga en cuenta las voces de las víctimas del conflicto armado y reclamante de tierras.
@ludispalencia