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Analizar qué tan democráticas son las capacidades de inteligencia del país a partir del caso de Pegasus significa reconocer que no representa el modelo de un estado de derecho con sus pesos y contrapesos. La opacidad aparece como una característica deseable tanto para la fuerza pública, como para poderes extranjeros que habría que cuestionar, pues se materializa más como un instrumento para hacer lo que quieran “por nuestro bien” sin rendir cuentas ni dar explicaciones.
Resulta que Estados Unidos compró Pegasus en una acción de cooperación internacional para apoyar a la inteligencia colombiana en su lucha contra el narcotráfico. Hay, al menos, tres elementos de esta acción que demuestran el carácter colonialista de la aproximación.
Primero, hubo una decisión consciente de excluir a la máxima autoridad militar: el presidente. Sin excusar las posibles responsabilidades que por acción u omisión le quepan a Iván Duque, queda claro que el presidente en el modelo colombiano está por encima de las autoridad de la fuerza pública, es un mecanismo de control civil a un gran poder, nos representa al haber sido elegido popularmente. ¿Cómo afirmar que esto es usual puede tranquilizar?
Segundo, cuando se habla del impacto en derechos humanos de las acciones de cooperación para inteligencia se discute sobre cómo se garantiza a las personas vigiladas que se respetarán los derechos que tienen en su país de origen. Desde el escándalo de las revelaciones de Snowden, sabemos que, en acciones de inteligencia, Estados Unidos no reconoce a los extranjeros las protecciones de intimidad que sí tiene para sus nacionales. ¿Cuál fue el análisis que hizo la inteligencia colombiana sobre esta acción de inteligencia en concreto?
Finalmente, dice Estados Unidos que pararon su uso cuando se estableció que el software de espionaje Pegasus era cuestionado por su impacto en derechos humanos. Esos cuestionamientos no tienen dos años –en Karisma, por ejemplo, hablamos del tema desde hace una década– y además se viene sugiriendo que el software no dejó de usarse en 2022, como dicen los gringos, sino que continuó en el gobierno de Petro. ¿Acaso pretenden que aceptemos que la cosa no es tan grave porque era Estados Unidos quien estaba a cargo?
Más allá del manejo que está dando la Cancillería al tema de las relaciones internacionales por esta intervención, considero que hay que insistir en que contar con un marco garantista de la inteligencia es la diferencia entre un modelo de vigilancia autoritario y colonial, y uno que representa los valores democráticos. Esto marca la diferencia entre los organismos de inteligencia que perciben las facultades legales claras, los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas como habilitantes deseables de su labor y quienes los perciben como limitantes y barreras para cumplir su misión. El escándalo debería comprometernos como sociedad a trabajar para que la fuerza pública se aproxime al marco jurídico garantista como habilitador porque les permite desarrollar su trabajo con seguridad jurídica y de manera legítima.
Sí, los Estados necesitan las mejores capacidades de inteligencia, incluyendo contar con buenas facultades de vigilancia, porque es crucial para mantener el estado de derecho, proteger la seguridad nacional y prevenir y contener amenazas. Sin embargo, con la misma vehemencia, aceptemos que las actividades de vigilancia son de alto riesgo para los derechos humanos, especialmente intimidad y libertad de expresión, por tanto los estados deben honrar los estándares internacionales de derechos humanos que, como mínimo, obligan a describir las facultades en la ley, tener mecanismos de seguimiento para garantizar que se usan con criterios de necesidad y proporcionalidad, y desarrollar controles.
Esto tampoco es nuevo, hay una preocupación mundial por contar con sistemas de inteligencia ajustados al estado de derecho, especialmente por las nuevas capacidades desarrolladas gracias a las tecnologías digitales y su potencialidad de abusos. Durante las últimas dos décadas, los fallos judiciales y las leyes de protección de datos han propiciado reformas legislativas reforzando los derechos humanos para incluir más controles, entre ellos los civiles. Incluso, han dado cabida a acciones de reparación directa para las personas afectadas, así lo explican los informes de 2017 y 2023 de la Agencia de la Unión Europea para los derechos fundamentales.
En el Congreso se tramita un nuevo proyecto de ley para reformar la inteligencia colombiana que se encuentra para primer debate en la comisión primera del Senado. Se trata de un texto muy diferente a los discutidos en el pasado. Este ofrece facultades expresas incluyendo las tecnológicas para que la inteligencia pueda cumplir con su tarea, eso sí, dentro de un marco de derechos humanos que incluye controles judiciales, civiles e internos. La ley 1621 de 2013 fue un avance importante, tiene una filosofía y propósito correctos, pero está desactualizada en materia de tecnología digital, no abordó la centralidad en la recolección y gestión de datos que se deriva de la inteligencia y está claro que se quedó corta en los controles. Este proyecto de ley es una oportunidad para ajustar el modelo colectivamente con el propósito de fortalecer a nuestros organismos de inteligencia y construir confianza.
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