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Mucho se ha hablado de un “baby boom” durante las cuarentenas provocadas por el coronavirus. El término nos hace pensar que esto es una buena noticia, algo así como “el triunfo de la vida sobre la pandemia”, y lo que la gente suele imaginar es que las parejas, aburridas por el confinamiento, se van a dedicar a coger hasta que las mujeres queden embarazadas. Pero nada está más lejos de la realidad. Lo más probable es que las maternidades deseadas y elegidas vayan a la baja: son tiempos de estrés e incertidumbre laboral y económica; tomar la decisión de quedar embarazadas cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar con el mundo en los próximos meses será para muchas mujeres algo muy parecido a un salto al vacío. Las restricciones de movilidad también complican los controles prenatales y cada salida a un chequeo se convierte en una oportunidad de contagio para las mujeres embarazadas que están dentro de las poblaciónes más vulnerables.
Lamentablemente, lo que sí va a aumentar es la maternidad forzada, en mujeres, adolescentes y niñas. Naciones Unidas estima que alrededor del mundo unos siete millones de mujeres y niñas tendrán embarazos no deseados durante los próximos meses como efecto colateral del confinamiento provocado por la pandemia. Si las medidas se extienden a seis meses, lo más probable es que el número ascienda a los 47 millones. Estas cifras son producto de estimaciones basadas en cuarentenas previas, como la del ébola que afectó de forma desproporcionada al continente africano. La principal causal de estas maternidades forzadas es un palpable aumento de la violencia de género, particularmente la violencia sexual. En el imaginario popular, los embarazos adolescentes ocurren entre parejas de jóvenes que no tienen información o acceso a anticonceptivos y terminan siendo llevados por “las pasiones del primer amor”. Pero la gran mayoría de los embarazos adolescentes y la totalidad de los embarazos en niñas son producto de violaciones sistemáticas usualmente perpetradas por un hombre cercano o del círculo familiar: padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos y primos. Los mismos hombres con quienes niñas y mujeres se encuentran encerradas por las cuarentenas.
Otro problema grave es que el acceso a anticonceptivos se hace más difícil con la pandemia: las mujeres han perdido movilidad, muchas tienen que comprar anticonceptivos a escondidas y ahora no pueden hacerlo, otras se encuentran en situaciones económicas más precarias y no pueden pagarlos, y, por supuesto, el acceso a la información es cada vez más difícil por el confinamiento. Naciones Unidas también espera que en unos meses haya escasez y desabastecimiento de anticonceptivos por la crisis sanitaria, particularmente en países del tercer mundo. A esto se suma que, por las mismas razones, los servicios de interrupción legal del embarazo se están restringiendo en algunos países donde no se consideran esenciales, a pesar de que son indispensables para guardar la salud física y mental de las mujeres. Las mujeres que en Colombia están lejos de los núcleos urbanos están teniendo muchos problemas para llegar a un centro de salud donde presten el servicio, incluso para algo tan básico como conseguir información. En otros países donde el aborto está prohibido por completo o en algunos estados (como sucede en México), conseguir las pastillas de misoprostol para tener un aborto seguro pero clandestino es aún más difícil y peligroso.
La maternidad forzada tiene efectos catastróficos en la salud física y mental de mujeres y niñas, pone en riesgo sus vidas (no solo por complicaciones como la preclampsia, también porque la segunda causa de mortalidad materna en niñas y adolescentes es el suicidio), dificulta que retomen o continúen sus estudios o trabajos y esto tiene efectos económicos para todo un país, pues feminiza aún más la pobreza y las condena a ciclos de violencia y pobreza intergeneracionales. Hablar de un “baby boom” y no de maternidades forzadas enmascara un problema social y de salud pública y les quita responsabilidad a la sociedad y a los Estados.
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