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Hace poco empezó a moverse en el Congreso el proyecto de ley No. 366 de 2024 pretende castigar a la distribución de material íntimo y/o sexual sin consentimiento, específicamente formatos digitales como fotografías, audio o video que se compartan sin el “consentimiento de la persona que figura o aparece en dicho material”. Supuestamente el proyecto debe proteger a las mujeres de la violencia digital, pero que falla estrepitosamente porque es claro que no entiende cómo funcionan estas formas de violencia.
A simple vista no parece mala idea. Desde mucho antes de que pudiéramos hacer registros digitales, las imágenes de mujeres y disidencias desnudas o en contextos sexuales han sido usadas para atacar, desacreditar y humillar. Aquí es importante señalar que no todos los desnudos devienen en humillación. Si tantos hombres envían fotos no solicitadas de sus penes es porque saben que la divulgación de esas imágenes no tendrá necesariamente una sanción social; al contrario, en la mayoría de los contextos los desnudos de los hombres blancos reafirman su poder, e incluso su irreverencia. Es por eso que cuando el intelectual Antanas Mockus “peló el culo” en un contexto académico, el gesto catapultó su carrera política y se convirtió en su “movida insigne”, tanto que la repitió al llegar al Congreso sin que a nadie se le ocurriera tomarle una foto y hacer un montaje simulando una violación, algo que sin duda habría pasado si una mujer hiciera lo mismo. Los efectos de la divulgación no consentida del registro desnudo de alguien no son los mismos para todas las personas: las diferencias de género, de raza, y por supuesto de poder, importan y mucho. Son matices que este proyecto de ley no logra entender.
Desde el 2015 hay movimiento de denuncias masivas por violencia sexual, que comenzó con las feministas brasileras, latinoamericanas, y que en 2017 alcanzó la globalidad con el movimiento #MeToo. Estas olas de denuncia no hubieran sido posibles sin la tecnología, pues el acceso a redes sociales amplificó el alcance de los escraches, y facilitó una conversación colectiva. La posibilidad de registro con celulares y cámaras digitales también fue decisiva para detonar estas denuncias, pues las víctimas de acoso y violencia sexual podían tener la posibilidad de ese registro, de lograr lo que, desde una concepción machista de la justicia, se conoce como “prueba dura”, es decir, con un valor mayor a lo que por oposición serían “las pruebas blandas”, los testimonios de las víctimas, en su inmensa mayoría mujeres que sufren de lo que en la academia se conoce como “violencia epistémica” (palabras rimbombantes para una verdad bíblica: que cuando las mujeres denunciamos al patriarcado nadie nos cree). Así como los violentadores usan los registros para agredir, las víctimas los han usado para defenderse. Y probablemente sin esos screenshots, esos audios, esos videos que registraban las violencias que ocurren en el marco de la “intimidad”, la mayoría de las personas no habrían creído en las denuncias. Un proyecto que castiga estos registros sin mayores matices, terminará por silenciar a las víctimas, que cada vez cuentan con menos espacios de denuncia.
Ojalá que este proyecto de ley no llegue a hacerse realidad, pero más allá de si pasa o no, preocupa la precaria comprensión que tienen nuestres legisladores sobre el tema. Está claro que ni siquiera buscaron consultar e incluir la voz de las víctimas, ni de quienes nos dedicamos a investigar y acompañar estas denuncias. El tiempo que gastaron redactando ese parapeto habría estado mejor invertido en escuchar, empatizar, y tratar de entender cómo funciona la violencia de género.
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