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En 1998 fue noticia mundial la historia de Amy Lynn Bradley, una estudiante estadounidense de 23 años que desapareció dentro del crucero Rhapsody of the Seas de la compañía Royal Caribbean International. Según testigos, Bradley salió de su habitación en horas de la madrugada antes de que el barco atracara en Curazao. Después de eso no se supo nunca más nada de su paradero. Hasta hoy sigue desaparecida. En marzo de 2010 se le declaró “legalmente muerta”.
La investigación del FBI sugirió que se trataba de un posible rapto para tráfico sexual. Aunque el fotógrafo del barco se acordaba de haberles tomado fotos a Bradley y su familia, las fotos desaparecieron. Además, un turista aseguró haber visto a Bradley en la playa con unos hombres que parecían tenerla contra su voluntad. Un año después, un miembro de la Naval estadounidense aseguró que una mujer se le aproximó en un burdel de Curazao, le dijo que su nombre era Amy Bradley y le pidió que la ayudara. El soldado, por temor a reportar que estaba en el burdel, mantuvo silencio. Tras varios meses decidió hablar, pero ya era muy tarde.
El caso de Bradley trajo muchos temas a la discusión pública. Volverse una esclava sexual dejó de ser un asunto “lejano” de mujeres empobrecidas en lugares remotos que eran engañadas con promesas de un futuro mejor. La historia ahora era de una estudiante universitaria en un paseo familiar. El rapto no podía ser más “cercano”: cualquier mujer podía ser vendida a predadores. La noticia de Amy Bradley suscitó particular atención porque muchas familias se identificaron con ella y su familia.
Los medios aprovecharon la atención para abrir varias discusiones: ¿cómo manejar las redes de tráfico sexual en aguas internacionales? ¿Cómo trabajar conjuntamente entre países? ¿Cómo abordar a quienes siguen pagando por sexo cuando en algunos casos se trata de esclavitud sexual? Pero más atención no se tradujo en políticas más efectivas. La historia de Bradley tiene todas las piezas que siguen siendo obstáculo para reducir el tráfico sexual: las trabas a la migración, las fronteras incontrolables y la ambigüedad cultural sobre la prostitución.
El pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial contra la Trata de Personas. El enfoque que le dio Naciones Unidas a la reflexión estuvo relacionado con la tecnología: cómo manejar herramientas que pueden evitar el tráfico de personas y cómo controlar las herramientas tecnológicas que lo facilitan.
En Colombia el delito es cada vez más común. Un reciente artículo de las investigadoras Ana Milena Coral-Díaz y Beatriz Eugenia Luna de Aliaga estudia la relación entre la migración venezolana y la trata de personas en Colombia. Las autoras muestran que, aunque existen mecanismos internacionales para abordar este crimen, necesitamos trabajar más en la implementación. La ONG de Venezuela Fundaredes denunció “reclutamiento, explotación, trata de personas, esclavitud moderna, prostitución y extorsiones” que se viven en la frontera. El horror no lo recogen las estadísticas.
Para nadie es un secreto que la prostitución infantil y la esclavitud sexual inundan ciudades como Cartagena, Bogotá y Medellín. Ya hay hoteles que tienen protocolos para no dejar alquilar habitaciones a hombres mayores extranjeros con niñas colombianas. Pero entonces aparece el hombre extranjero que paga por dos habitaciones. La ciudadanía está tratando de resistirse, pero el silencio de las políticas de Estado es ensordecedor. Muchos traficantes trabajan con complicidad de las autoridades. Y las autoridades que deciden enfrentar el crimen se encuentran con todo tipo de tropiezos judiciales y poco apoyo del Ejecutivo. La prostitución y su innegable relación con los abusos y la trata de personas no pueden seguir siendo un tema de personas de “mente cerrada”. Si algo, vamos todos tarde en “abrir los ojos”.
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