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En días pasados, la ciudad de Madrid vio en sus calles una movilización social liderada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que visibiliza la crisis de la vivienda haciendo sonar en multitud las llaves que abren las puertas de los pisos. Invitan a la huelga de alquileres, a no pagar los arriendos: “si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos, y no va a haber policía, juzgados, ni matones suficientes, para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí”, expresa una de las líderes. La invitación es a la desobediencia civil organizada, el preámbulo de una cosa muy seria. A manera de respuesta, el presidente Pedro Sánchez ofrece bonos de alquiler para jóvenes y control a los contratos de alojamiento turístico, pero por ahí no es la cosa, pues los doscientos millones de euros que pretende destinar España para subsidiar arriendos se agotarán pronto y además terminarán siendo recursos transferidos del Estado a los arrendadores. El problema de fondo por resolver es la escasez de oferta y el acaparamiento y, en el corto plazo, la herramienta de política que tienen a la mano es el control de precios como regulación de un sector que además de funcionar como mercado se ocupa de un bien de interés público.
¿Cuál es la situación en nuestro país? Tenemos 18 millones de hogares, de los cuales 1,2 están en déficit cuantitativo y cuatro en déficit cualitativo. El 28,9 % de los hogares colombianos necesita vivienda. Con estas cifras no podemos negar que la situación es crítica. Pero ante el mismo problema estructural que enfrenta España, la realidad de Colombia toma un curso diferente, pues quienes no pueden comprar o alquilar viven en la informalidad, situación que de alguna forma ha servido de válvula de escape. Todas las ciudades colombianas tienen barrios de origen informal consolidados y también construidos recientemente. De manera permanente suceden loteos irregulares donde las comunidades construyen como pueden, ocupación de cauces de ríos y zonas de riesgo, y también se presentan de manera cotidiana desalojos que desencadenan tensiones sociales significativas. En el sector rural, las carencias de vivienda doblan las cifras urbanas. Déficits de la magnitud mencionada se solucionan en el largo plazo impulsando sostenidamente la construcción de vivienda y también regularizando y mejorando las viviendas informales. Son dos intervenciones del Estado que actúan en simultánea para atender segmentos poblacionales diferentes.
Hay una situación de coyuntura que preocupa: la severa restricción fiscal del presupuesto de la Nación en 2025 que obligará al gobierno a afilar las tijeras y recortar todo lo que no sea indispensable, y seguramente lo indispensable también. Los subsidios para compra de vivienda nueva y para mejoramientos podrían reducirse significativamente, lo que impactaría tanto las cifras de empleo como las de reducción de pobreza de los próximos dos o tres años. La progresividad de Mi Casa Ya está reforzada y el programa de mejoramientos de viviendas está consolidado en el sector rural y en la informalidad, garantizando llegar a los más pobres. Este recorte dañaría muchísimo.
Por Catalina Velasco Campuzano
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