Acoso judicial, vehículo de censura a la prensa

Pombo, que entonces era columnista de Semana, asistió. El sicario le había puesto una tutela por sus comentarios sobre las laxas condiciones de reclusión en que estaban los criminales del cartel. Cuando Pombo hablaba con el juez, se refirió a su demandante con su alias: El Mugre. Aguilar reaccionó airadamente: “Un momento”, le gritó. “¡A mí no me llaman El Mugre sino mis amigos!”. Este cuento, que parece un chiste, no resulta tan gracioso cuando uno se enfrenta, cara a cara, con un asesino. Jorge Martínez, secretario general de Caracol Televisión, tuvo que ir a Medellín por una citación de alias El Osito, hermano del capo Escobar. Durante la audiencia, el alto ejecutivo no podía concentrarse porque un sujeto de pelo al rape y camisa suelta, bajo la cual se adivinaba una pistola, paseaba por el pasillo aledaño con mirada hostil. “¿Por qué se asusta?”, le dijo, burlón, el juez cuando Martínez se quejó. El Osito quería que el canal rectificara, no que él había cometido masacres, sino que había matado un burro por una escena de uno de los programas. Me incluyo en este recuento y me disculpo por ello: no hace mucho, la Sala Penal de la Corte Suprema amenazó con denunciarme y, sin ningún empacho, su presidente, uno de los presuntos garantes de la libertad de expresión del país, aseguró que lo haría porque mis opiniones eran delictivas. Noticias Uno enfrenta cada semana tres o cuatro demandas, denuncias penales o derechos de petición y rectificación de un número variopinto de personajes: unos funcionarios más preocupados por su imagen y apariencia que por su conducta, y unos bandidos que pretenden lavar su pasado.

En las últimas semanas he sido citada dos veces a una fiscalía de Ciudad Bolívar, zona roja de Bogotá, por un militar preso por narcotráfico y por ser el lugarteniente de alias Don Diego. No obstante las huelgas de fiscales y agentes del Inpec, ocho de estos decidieron trabajar el día de la audiencia y condujeron desde La Picota al recluso para llevarlo al despacho de la fiscal, que también trabajó ese día. El señor aspira a que Noticias Uno se retracte o, si no, a que le revele las fuentes que contaron que él está siendo examinado en el proceso por el atentado al editor judicial de Semana, Ricardo Calderón. La Procuraduría, la Defensoría y hasta la Autoridad Nacional de Televisión gastan su tiempo pidiendo explicaciones a medios y periodistas para que respondamos las más absurdas peticiones a homicidas, miembros de bandas, cómplices de presos, locos con deseos de notoriedad y más. Entre los habitantes de las cárceles y los ineficientes funcionarios judiciales, nos tienen contra las cuerdas.

Por eso comprendo la desazón que sintió María Isabel Rueda con la cita que le puso una fiscal. Ésta asegura que tomó la decisión de llamar a María Isabel cuatro días antes de la publicación de la columna en que ella criticaba al fiscal general. No hay por qué no creerle. Es débil, en cambio, su explicación de que quería hablar con Rueda sobre Álvaro Gómez. Además, ¿qué sentido tiene citarla junto con Rito Alejo del Río, archiconocido de peligrosos autos? Si la fiscal, en cambio, dice que María Isabel podía ayudar en el esclarecimiento del crimen por el interés que ella ha demostrado tener en el proceso, la columnista no habría protestado. En aras del equilibrio, debo añadir que no creo que Eduardo Montealegre hubiera ordenado intimidar a Rueda. Sería una gran torpeza y él ha demostrado ser todo menos torpe. Esto no significa que el fiscal general no tome cartas en el asunto: debe mirar cómo están ejerciendo sus tareas los fiscales y debe interponer su enorme poder en la rama para evitar que el acoso judicial sea el vehículo para censurar a la prensa.