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No han terminado de causar controversia las frases de Álvaro Uribe en Atenas contra su propio país y frente a una comunidad de mandatarios, exmandatarios y ejecutivos de grandes multinacionales, sorprendida por el tono de las afirmaciones que escuchó de quien fuera presentado como “presidente de Colombia”, cuando salta otra noticia de repercusión internacional, pero, esta vez, desde el propio terruño del feroz crítico: Santiago Uribe Vélez, su hermano, será llevado a juicio por su presunta relación con un grupo paramilitar que este habría creado y entrenado en una de las haciendas familiares en Antioquia, en asocio con algunos finqueros vecinos, con el objeto de “hacer limpieza social” (entiéndase, cometer asesinatos selectivos) en la región.
Imaginen ustedes las caras de mayor asombro de quienes oyeron, la semana pasada en Grecia, la diatriba del jefe de la ultraderecha nacional cuando leyeron la información proveniente de Bogotá según la cual “la Fiscalía negó el último recurso que le quedaba al polémico ganadero Santiago Uribe para evitar ser llevado ante la Justicia por sus supuestos nexos con los ‘12 apóstoles’”, tal como se conocía esa banda en los años 90, época en que habrían cometido los delitos que se le imputan al pariente del senador: concierto para delinquir agravado y homicidio agravado que se castigan, si se le vence en su juicio, con una pena de alrededor de 20 años en prisión. Si yo hubiera sido, digamos, una de las periodistas griegas invitadas al Foro Concordia, sentiría que, en algún momento, perdí el hilo de la continuidad entre una narración y otra. En la primera, había oído al “President Álvaro Uribe Vélez, Republic of Colombia” lamentar que “… la minería ilegal y el narcotráfico son los únicos dos sectores de la economía que están creciendo”; que “… muchas áreas del país están bajo el control de los grupos terroristas” y que “… el año pasado vimos un crecimiento de la extorsión del 236%…”. Y en la segunda narración, proveniente de los reportes de prensa publicados horas después, encontré que el hermano del mismo “presidente”, podría ser uno de los impulsores del mundo del delito que el quejoso denunció en el foro.
Si yo fuera esa reportera griega, cavilaría y terminaría por rendirme por no encontrar explicación al galimatías: ¿cómo puede representar la autoridad y la ley, ser el líder político de la oposición legal que dice preservar las tradiciones, la familia, las costumbres ‘sanas’, etc., y, simultáneamente, tener encima semejante sospecha criminal? Por escándalos menos delicados, hombres públicos de enorme poder y fama tuvieron que dar un paso al costado. Pongamos un solo ejemplo: Lula da Silva, sin duda el mandatario más popular de Latinoamérica en muchos años, todavía paga en imagen, popularidad y votos, los líos de su hijo Luis Claudio quien, entre otras investigaciones, está sometido a una por sobornar a funcionarios de la oficina de impuestos para influir en la toma de sus decisiones.
No aludo a los enredos fiscales ni al desmesurado enriquecimiento de Tomás y Jerónimo Uribe en los años dorados de los gobiernos de su padre. Este es un tema prohibido en Colombia, si no formalmente, sí en la práctica. Nadie los toca y quien se atreve a mencionarlos es, de inmediato, sujeto de insultos y de una guerra virtual anónima de desprestigio.
Destaco aquí hechos todavía peores que la corrupción en los negocios: la Fiscalía General en cabeza, no de Eduardo Montealegre satanizado inteligentemente por el uribismo como su “enemigo político”, sino del amigo del expresidente, Néstor Humberto Martínez , confirma la decisión de Montealegre, de responsabilizar al señor Santiago Uribe de concertarse con otros para delinquir y mandar a matar a un conductor de bus. El hermano del líder de 7 millones de colombianos no ha sido declarado culpable, hay que decirlo. Sin embargo, repito, por mucho menos los electores le han retirado sus afectos a dirigentes de otros países de igual o mayor popularidad que la de Álvaro Uribe Vélez. Pero Colombia es Colombia. Y, aquí, el mundo funciona al revés.