Como de cuchillo en mano

Produce dolor de país ver la figura de este personaje de prominente barriga, tras la cual medio escondía, no los códigos ni el texto de la Constitución, sino la puñaleta con la que iba a castigar a la ‘criminal’ que osó cruzar sus terrenos. Esa imagen, que fue revelada por Noticias Uno y que grabó, por fortuna, una cámara ubicada en el ascensor del edificio en donde ocurrió el hecho, es un símbolo de lo que sucede hoy en los palacios de justicia de provincia y también en el que aloja a las altas cortes en Bogotá.

Las escenas que transcurren tras bambalinas en la gran mayoría de los despachos engolados de quienes dictan sentencias y en los salones sociales donde se cocinan los fallos, no serán tan obvias pero son así de patéticas. Los ciudadanos tenemos una demostración reciente de esa realidad con la puja en que se han trabado los togados partidarios del procurador Ordóñez, de un lado, y los defensores del alcalde Petro, del otro, con argumentos disfrazados de juridicidad pero cruzados por intereses personales, grupales y políticos, ajenos al derecho y, ni se diga, a la ética. Lo que pasó ayer en la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, cuando alguien de esa sección filtró maliciosamente a la prensa la ‘noticia’ de que ya se había tomado una decisión en contra de Petro, que resultó falsa pues todavía no se había votado, no es sino otro síntoma de la guerra que hay entre los amigos de Ordóñez y los del alcalde, ninguno de los cuales ha tenido la vergüenza de negarse a participar en un proceso en el que no puede ser juez imparcial.

Para empezar, el ponente del fallo de ayer en contra de las 330 tutelas del petrismo, Pedro Sanabria, se había declarado impedido de conocer el caso por su “amistad íntima” con el procurador. El impedimento no le fue aceptado después de que el propio Sanabria eliminó la palabra “íntima” de su disculpa y dejó la primera. A ese grado de ridiculez han llegado los tribunales. Pero no por ello, ignoramos lo que va a pasar de todos modos: que Sanabria, con sus colegas de sala Wilson Ruiz, exsubalterno de Ordóñez, y los mencionados en el robo al erario público mediante el carrusel de las pensiones Angelino Lizcano y Julia Emma Garzón, pueden decidir lo que se anunció antes de tiempo porque ellos son cuatro y el resto de la sala es de tres, uno de quienes aún se puede deslizar hacia la mayoría. Por eso el 5-2 que gritaron los micrófonos ayer puede ser real ¿Quién lo sabe? Uno que tiene voto y prisa. No es secreto tampoco que en la otra corte donde se estudia el tema de Petro, el Consejo de Estado, domina el bando del procurador, incluyendo al actual ponente, Alfonso Vargas Rincón, que fue magistrado auxiliar de Ordóñez durante años.

Quienes han sentenciado a favor del alcalde tampoco han brillado por su conducta cristalina. El derrotado primer ponente del caso en el Consejo de Estado, Guillermo Vargas Ayala, que nos dijo con cara de sabio que había que suspender la destitución, resultó “íntimo amigo” del hermano de Diego Bravo, exgerente del Acueducto que estructuró el plan de basuras de la sanción a Petro. Y ¿qué decir de José María Armenta, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuya esposa es directiva del Acueducto y cuyo contertulio de almuerzos es el secretario general de la misma entidad William Morales, todos exempleados o empleados de la Alcaldía? Para desconcierto de los ciudadanos, la verdad es que ni los magistrados que le dan la razón al procurador general ni los que ponen sus textos al servicio del alcalde mayor merecen nuestra credibilidad. Por el contrario, se comportan como el tipo del cuchillo frente a la Justicia, pero son más hipócritas que él.