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Pese al olor a santidad que creen tener unos, algo que hiede a azufre se cocina en el Consejo de Estado cuya sala plena está borrando con el codo lo que hizo con la mano cuando sus integrantes tuvieron el acto pasajero de decencia de anular las elecciones de Francisco Ricaurte y Alberto Rojas Ríos quienes, a propósito, aunque ya no son togados, permanecen en sus sillas a costa de su dignidad ¿La tienen? El abogado de Alejandro Ordóñez recusó al magistrado que conceptuó que la reelección del procurador es nula. También recusó a la magistrada que apoya esa tesis.
Para impedir que ellos dos participen en la decisión final, y lograr dos votos menos en contra de su defendido, su exótica teoría se basa en que: 1. Una ponencia —el escrito en que el encargado de estudiar un problema jurídico en los tribunales, entrega sus conclusiones— no es un método de trabajo legal sino un prejuicio 2. Una filtración a la prensa del documento después, y no antes de que este fuera repartido a la sala, y estuviera, además de los destinatarios principales, en manos de los auxiliares de cada despacho (14 en promedio por cada uno, es decir alrededor de 70 personas), es culpa del magistrado en cuestión 3. La magistrada de la sala a la que le corresponde el estudio, no tiene derecho a expresar su opinión.
Pero guarda sepulcral silencio sobre los impedimentos que tienen los miembros del plenario adonde él y su defendido quieren llevar la votación, pero no por motivos legales sino porque Ordóñez cuenta allí con una supuesta mayoría de agradecidos aliados. Pongamos ejemplos: Susana Buitrago, amiga íntima del procurador y de su hiperactiva esposa. Buitrago, de acuerdo con las mismas noticias que le sirven a Ordóñez para recusar a sus colegas, vota a favor de este y que yo sepa, no se ha declarado impedida para participar en las discusiones de su sección. Sin embargo, es hecho notorio que su relación cercana con la sagrada familia santandereana viene de tiempo atrás. En la revista Semana consta en imágenes, su presencia en la boda de la hija de Ordóñez.
En un pie de foto se lee: “La consejera de Estado Susana Buitrago fue a la fiesta (de boda) a pesar de que tiene en sus manos una demanda que pide anular la elección del procurador”. Otros ejemplos: el expresidente del Consejo Alfonso Vargas fue 7 años magistrado auxiliar de Ordóñez y ha reconocido que le debe su puesto; la consejera Bertha Lucía Ramírez y la presidenta de ese tribunal María Claudia Rojas Lasso le agradecen a Ordóñez el salario mensual de sus hijos en la Procuraduría ¿Votarían estos cuatro togados a favor de la permanencia de su benefactor? ¿Lo harían con interés impersonal? Pueden hacer la pantomima de presentar impedimentos y de que sus compañeros no se los acepten, en un acto de vodevil como el de 41 senadores que manifestaron —a finales de 2012— estar impedidos para que seis de sus colegas (solo seis) contestaran que no, que qué va, y terminaran entre todos reeligiendo al procurador. Pero ya no engañan a nadie. Anticipo que Ordóñez sigue en la Procuraduría porque los torcidos siempre ganan. Eso sí, se queda sin autoridad, sin respeto y sin la omnipotencia del dios que lo acompañó en su primer periodo.
Entre paréntesis.- Tengo en mi escritorio copia de la providencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 en que se resuelve: “la sala plena… no encuentra necesario asumir el conocimiento solicitado (revisión de la reelección del procurador) puesto que no hay… jurisprudencia por unificar o criterios encontrados por definir. En ese orden de ideas, no avocará su conocimiento. En consecuencia, la Sección Quinta mantendrá su competencia” Y “advierte que…. contra esta providencia no procede recurso alguno”. Firman 20 consejeros, entre ellos varios de los que claman hoy por hacerse cargo el tema.
* Esta columna fue escrita antes de que la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, se declarara impedida.
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