El pacto de silencio… ¿continuará?

Y que esta fue autorizada por los altos mandos, valga la redundancia, al mando de la nación durante las 48 horas transcurridas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Ha habido, es cierto, reconocimientos parciales. Sin embargo, la línea constante del establecimiento oficial ha sido la de minimizar la barbarie perpetrada. A lo largo de estos 30 años, el ataque guerrillero y el contraataque militar, que les costó la vida a decenas de personas, no han sido aceptados en su dimensión monstruosa por los gobiernos de estas décadas, salvo en lo que corresponde a la subversión. Menor o ninguna aceptación han expresado las cúpulas de las Fuerzas Armadas que sucedieron a la del general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega, condenados pero todavía calificados como “víctimas” por amplias capas sociales del poder. Tuvo que pronunciarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenar a Colombia para que apenas hoy empecemos a admitir, como comunidad, la vergüenza histórica que significaron esos sucesos.

El pacto de silencio tácito que se hizo alrededor de ese episodio cubrió a todos los que podrían haber recuperado la dignidad nacional con un acto sincero de remordimiento colectivo. Por el contrario, con el paso del tiempo ha venido creciendo la versión de que el M-19 resultó beneficiado después de aquella destrucción y que la sociedad ha sido injusta con los militares. Nada más artificioso. La sanción impuesta, a sólo cinco años de la toma y retoma, al general Arias y al coronel Edilberto Sánchez por la Procuraduría de 1990 a cargo de Alfonso Gómez Méndez y de su procurador delegado José Plinio Moreno, resultó inane porque el gobierno de César Gaviria, el mismo al que se acusa de otorgarle la segunda amnistia al M-19, favoreció también a los representantes del Estado suspendiendo la destitución ordenada durante tres años, cumpliéndola tardíamente y desautorizándola, de manera explícita. Con ello, desautorizó también la moralidad del castigo impuesto. Por este tipo de conductas oficiales han tenido soporte los argumentos de los negacionistas, argumentos que ahora se desmoronan con la sentencia de la Corte Interamericana. Transcribo algunos apartes de la decisión de la Procuraduría colombiana porque impresiona su similitud con lo dicho por la Corte internacional, 24 años después:

(Testigos que se encontraban en el baño del 4° piso con unos 70 rehenes): “el doctor Gaona Cruz (magistrado de la Corte Suprema) gritaba cada vez más al Ejército que los guerrilleros no los dejaban salir… La respuesta era el continuo disparar. Los rehenes seguían implorando… Al grupo guerrillero se le había acabado la munición… Las balas del Ejército daban contra las paredes del baño… tiraban bombas, granadas… Un magistrado gritaba que no lo mataran, que tenía cinco hijos… Se oyó una gran detonación… era una granada que entró y mató a una magistrada y a otros… (los militares entraron)…”.

Conclusión del procurador delegado: “La responsabilidad disciplinaria del comandante del operativo militar por su ejecución y particularidades… (existe porque) estaba obligado a acatar las reglas jurídicas, especialmente en cuanto atañe a la protección de la vida de los rehenes”. En los 90 se desacató la orden judicial ¿Continuará el Estado omitiendo sus deberes en 2014 para no molestar a nadie o por fin, pedirá perdón?