El para-presidente Ordóñez

La lista de las conductas ilegales que se le atribuyen al general Palomino en calidad de indicio es tan vergonzosa que pone el foco sobre este y permite olvidar que el proceso disciplinario, que anuncia el procurador, ha debido empezar y concluir hace por lo menos tres años. En ese momento los medios volvieron a ventilar las denuncias que vienen desde el año 2006 y que, cerradas con celeridad sospechosa por la justicia penal militar, se reabrieron en 2013. El procurador no se inmutó entonces a pesar de que hubo varios y variados informes periodísticos de gravedad inusitada. Pero él estaba ocupado en sus asuntos políticos y reacomodaba sus fichas en el Congreso y en las cortes porque iniciaba su segundo período al frente de la Procuraduría, después de su cuestionada reelección. Tampoco hizo nada en 2014 cuando surgieron creíbles testimonios de exuniformados de la Policía y denuncias de amenazas de muerte contra estos, sus abogados y los reporteros que contaron lo que sucedía.

De modo que no es tiempo de aplaudir a Ordóñez, sino de preguntarle cuál de sus tácticas lo movió, tardíamente, a investigar a Palomino y a anunciar —con calculada perversidad y no poco morbo— que en la supuesta red de prostitución estaría involucrado un exsenador “que desempeña un alto cargo en el Gobierno Nacional”. Tamaño señalamiento, preciso para que la mancha salpicara al Ejecutivo, pero suficientemente difuso para producir una irresponsable elucubración radial sobre la identidad del excongresista, añadía el picante que el mal llamado procurador general pretendía: propinarle otro de sus golpes políticos a su contendor, el gobierno Santos. (El video al que el “jurista” Ordóñez le atribuyó con ligereza el valor probatorio de que la “comunidad del anillo” existió; de que el general Palomino fue cómplice de la misma y de que hicieron parte de ella policías y congresistas, no demuestra más que la intención de dos hombres adultos de sostener encuentros sexuales). Esto, en vez de ayudar a dilucidar cuál fue el comportamiento de Palomino, lo va a ayudar.

Volviendo al procurador, no sé cómo este país resiste tanto desmadre de quienes representan los órganos creados para proteger los derechos ciudadanos. Ordóñez sobrepasa las fronteras constitucionales y nadie lo detiene: ahí tenemos un Consejo de Estado aculillado con el proceso por demanda de su reelección dando largas a la ponencia, dando largas a la discusión en sala plena. Una somera revisión de las salidas mediáticas del procurador evidencian los abusos en que incurre. En cada paso que da, cada investigación que abre o que decide no abrir, cada pronunciamiento a favor o en contra de algo o alguien, se descubre su campaña disfrazada de juez para lanzarse a la vida política. Recuento rápido de sus declaraciones: investigación al ministro del Interior por el viejo testimonio de un personaje de negra conducta; viajes a La Guajira para aprovechar la desgracia infantil de los wayuu; anuncio de que puso en su mira a la directora del ICBF y al Ministerio de Educación; “exigencia” de que se retire una medida de impuestos a la ministra de Transporte; calculada propaganda antiproceso de paz durante la cual terminó desplazando hasta al mismísimo Uribe y, vaya cínico, haciéndole eco a las declaraciones de personajes internacionales que eran sus antagonistas (Vivanco). Lo dicho: nadie lo detiene. Él avanza, como tanque de guerra aplastando los obstáculos humanos o institucionales que se le interpongan. Él es el para-presidente de Colombia sin controles, el dictador que señala a los buenos y a los malos y que manda al cielo o al infierno. Un dios de barro.