El procurador, candidato presidencial del uribismo

¡Qué nos va a asombrar que este personaje se destape como el aspirante del uribismo a la candidatura presidencial de 2018! Quien funge como procurador incurre, cada vez con mayor descaro, en participación política, sin juez disciplinario que se le enfrente, y con los argumentos, tesis retrógradas y negación de la historia que le gustaría escuchar a Álvaro Uribe y a sus seguidores. Esto, en cuanto al fondo de sus discursos floridos. En cuanto a la forma, sus reuniones, preparadas para el disfrute de la élite terrateniente del campo, pero maquilladas con la presencia de pueblo, también casa a la perfección con el estilo de los consejos comunitarios del exmandatario: abiertas y provocadoras y utilizando los métodos clásicos del clientelismo y de exacerbación del odio. Sus “audiencias” en Sabanas de San Ángel (Magdalena) el martes pasado, y en San Alberto, Cesar, el domingo, son copia fiel de aquellas de Uribe en que este abrazaba a campesinos o en que mandaba a encarcelar a un funcionario X. Ordóñez no ha llegado a repartir plata pero sí a amenazar con sanciones a los servidores públicos que se atrevan a oponérsele. Y, el Consejo de Estado, nada de nada.

Vamos a los hechos. Los invito a leer el órgano oficial de los ganaderos presididos por un dictadorcillo gremial: José Félix Lafaurie, por cierto, presente y sentado al lado de Ordóñez en Sabanas de San Ángel. Me refiero a Contexto Ganadero en su número correspondiente al 29 de julio de 2015 (ver en la página web).

El artículo que abre ese portal de la fecha se titula “La verdad de la restitución de tierras, el debate de María Fernanda Cabal”. Cabal, para quien todavía lo ignore, es, además de la esposa de Lafaurie, representante a la Cámara por el uribismo: el poder político enlazado con el poder gremial ¿Para defender el interés general o el particular? Respondan ustedes. Según el artículo citado, “la parlamentaria del Centro Democrático explicará por qué es necesario crear una nueva ley de Víctimas…”. Y añade que hará un debate en la Comisión Primera “con el objetivo claro de desvelar las falencias que tienen la actual ley de Restitución de Tierras… (porque) está generando más injusticias… creando más zozobra y formando mayor desesperanza en los trabajadores del campo ”. El debate de Cabal se hizo, y si ustedes lo ven y escuchan (ver enlace en artículo de Contexto Ganadero a la web de la congresista: mariafernandacabal.com) se sorprenderán con la exactitud con que Ordóñez retomó los argumentos de la esposa de su compañero de mesa en Sabana de San Ángel, lo que, por supuesto, es evidencia clara de los vínculos que lo atan al autodenominado Centro Democrático. Y el Consejo de Estado, nada de nada.

Para que no haya dudas sobre la posición del señor Ordóñez, que fue la de avalar con su presencia y palabras, no a los poseedores de tierra “de buena fe” —aunque habrá algunas excepciones— sino a los testaferros de Mancuso y de Jorge 40, transcribo las afirmaciones de este último cuando se refería a San Ángel, pueblo que linda con Chibolo, el del pacto paramilitar de marras: “la zona centro sur del departamento del Magdalena, donde se ubican los municipios de Chibolo, San Ángel, Pivijay y Plato, fue el área de accionar y entrenamiento… de una estructura paramilitar que arribó a la región desde mediados de 1997… la estrategia reinante demostró su capacidad de cooptar el aparato estatal regional para ponerlo al servicio de sus fines…”. Ordóñez hace caso omiso de las investigaciones judiciales de acuerdo con las cuales Jorge 40 logró someter no solo a las comunidades sino también a los agentes estatales y así se quedó con 18.000 hectáreas de los campesinos, en medio de una supuesta legalidad avalada por los atemorizados funcionarios del Incora e Incoder.

Entre paréntesis: En la web pueden ver ustedes la imagen con que se identifica, en su celular, el señor Carlos Meza, procurador delegado para la Descentralización y Entidades Territoriales: la bandera ondeante de Colombia y la frase: “Todos con Ordóñez”. Este es el funcionario que castiga a los demás por participar en política. Y el Consejo de Estado, nada de nada.