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El mejor ejemplo de que el método que adoptó Colombia para elegir a sus magistrados es pernicioso y propenso a la equivocación, es la selección de Cristina Lombana para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, designada por el pleno de esa corporación. En tal sala se investiga y acusa a senadores y representantes a la Cámara, una tarea de gran relevancia democrática. Por eso, y porque la dignidad de los jueces no puede quedar en manos de un -o una- irresponsable, no debería haber margen de error. Pero existe: la presencia de Lombana en un alto tribunal, su intervención en los procesos de manera sesgada, arbitraria y contaminada por sus preferencias u odios personales, además de un comportamiento no pocas veces tocado de demencia, demuestran que la cooptación (suplir vacantes con los votos de quienes ya pertenecen a una institución) puede dañar irreparablemente la probidad de la justicia.
El lunes pasado un medio escrito y el director de una cadena radial evidenciaron que una nueva filtración a la prensa buscaba afectar a los integrantes de la Sala de Instrucción, dejándolos bajo sospecha salvo Lombana, desde luego. En resumen, la noticia sostenía que un miembro de esa sección judicial le había enviado una queja al presidente de la Suprema, Gerson Chaverra, en contra de sus colegas, con la evidente pretensión de hacer ruido mediático (ver). Con la queja, su autora inocultable, Cristina Lombana, reconocida por sus conflictivas relaciones laborales, pataleaba por las consecuencias que tuvo una anterior filtración a los medios, más delicada que la de esta semana, por su repercusión en el caso político judicial más difícil de la actualidad: un video con las declaraciones acusatorias, ante la Sala, del corrupto exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López, contra ministros, congresistas y otros funcionarios y, nada más ni nada menos, contra la negociación del Estado con el ELN que fue dinamitada cuando el declarante aseguró –pese a no mostrar pruebas– que el Gobierno había ordenado financiar a esa guerrilla. La declaración de Olmedo, de reserva obligada para los operadores judiciales, fue recibida por el magistrado instructor, Héctor Alarcón, tal vez el único que soporta a Lombana pese a su frecuente grosería. El descubrimiento público de una pieza judicial antes de que los investigadores confirmen la veracidad de las afirmaciones de un entrevistado, es considerado falta grave de fiscales o jueces por las consecuencias que puede tener esa revelación en la honra y presunción de inocencia de los mencionados. Para evitar el daño, la ley impone silencio obligatorio a los funcionarios de la justicia, no así a los periodistas que conservamos el derecho a difundir informaciones con plena libertad.
Pues bien, esa primera filtración, también originada en la Sala de Instrucción, provocó una reunión extraordinaria de sus miembros cuya mayoría decidió separar del caso a Alarcón por cuanto solo los miembros de su despacho tenían copia de la confesión de Olmedo. El propio Alarcón estuvo de acuerdo, no porque aceptara su culpa sino por pudor y honor: asumió la responsabilidad política de la fuga del material debido a que él es el jefe de la oficina en donde ocurrió la irregularidad (ver). Por mayoría, el proceso en que declaró Olmedo pasó al despacho del presidente de la Sala, Misael Rodríguez. La mente enfermiza de Lombana imaginó que se designó al magistrado Rodríguez porque los demás creen que “las calidades profesionales y éticas (de él, están) por encima de los otros miembros de la Sala…” No era así, sino por simple jerarquía. El reclamo que la locata filtró esta semana a los medios –en su segundo acto de venganza–, es mentiroso y sugestivo de corrupción de sus compañeros mientras, mezquinamente, salva su pellejo (ver). Ahora bien, ¿cuál es su desespero? ¿Le molesta perder influencia en un caso cuyas incidencias le importan porque puede ayudar a afectar a un gobierno opuesto a su tendencia ultraconservadora? Lombana está “en el lugar equivocado” como el legendario comercial de una entidad bancaria: jamás será una magistrada admirable. En cambio, es la defensora de sus intereses y los de sus aliados: fue abogada de la oficina del apoderado de Uribe, Jaime Granados; no obstante su impedimento, quiso retener – hasta con tutela – el proceso en contra del expresidente; ha ejecutado un rosario de arbitrariedades contra los congresistas opuestos a su ideología, Piedad Córdoba y Armando Benedetti; en contraste, buscó con desesperación favorecer con reclusión militar costeña a Arturo Char; después ordenó su libertad inmediata. Viaja al exterior más que ningún otro magistrado, con pasajes y viáticos del presupuesto público. Se hizo pensionar por invalidez total pero anda para arriba y para abajo (ver). Lombana califica de “hecho insólito” lo que no cuadra a sus maniobras. Lo verdaderamente insólito es que alguien como ella pertenezca a un tribunal respetable.
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