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El presidente Gustavo Petro reveló, hace ya dos meses, la compra y uso clandestinos, en 2021 y 2022 cuando menos, del espía tecnológico Pegasus con base en un documento internacional que no dejaba dudas razonables por los datos que contenía sobre fechas, precio pagado en efectivo pese a su gran monto ($11 millones US), identificación de la empresa vendedora israelí y hasta del banco receptor del dinero. En ese momento, la mediocre oposición de hoy, integrada, básicamente, por el uribismo y los medios que le sirven, no se ocupó de atender la gravedad del asunto denunciado aunque comprometía a su gobierno, el de Duque.
En lugar de enterarse de las implicaciones de un caso que impacta la seguridad nacional, adjetivó con insultos, y ya, como siempre. Se trataba de “una cortina de humo”, fue la reacción general. El filósofo de la ultraderecha, Ernesto Macías, opinó que Pegasus era “ciencia ficción”; la senadora Cabal se pronunció mediante un análisis contundente: “es un refrito para distraer la atención”; el rival de precandidatura presidencial de Cabal, Miguel Uribe, desmenuzó una tesis sesuda: “¡Petro descarado!”; y el moderado Sergio Fajardo le pidió al presidente “salir de esa burbuja llena de incoherencias” (ver). Después de que funcionarios de Estados Unidos aceptaran que su gobierno pagó el software Pegasus –y sí, en efectivo– para aplicar su espionaje cibernético en Colombia “únicamente contra los narcotraficantes”, el silencio de la ultraderecha política ha sido atronador. Habló el amo: su palabra es sagrada (ver). La “cortina de humo” devino en realidad y nadie, ni el locuaz Duque ahora enmudecido, se atreve a burlarse de ella o a contradecirla.
No obstante el destape misterioso de los oficiales del gobierno norteamericano, quienes ejercemos el derecho a la duda criolla, tenemos preguntas y objeciones. Y las hacemos, ni más faltaba. Primero: ¿por qué los participantes del operativo de adquisición del violador de intimidades Pegasus, a saber, la CIA (Central Intelligence Agency) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), decidieron por sí y ante sí su compra y activación en contra de algunos colombianos sin informar o, al menos, notificar al presidente de la República de entonces ni al de hoy? Segundo: ¿el director de la Policía Nacional y su jefe de inteligencia de esos años, generales Jorge Luis Vargas y Norberto Mujica, traicionaron la patria y con cuáles consecuencias, cuando se plegaron, sin ningún conflicto de conciencia, a los intereses de la CIA; a la mismísima Ley de Inteligencia que limita sus decisiones a la defensa y soberanía de la Nación; y al Código Penal en que se estipula que “el que realice actos que tiendan… a someter (al país) en todo o en parte al dominio extranjero… incurrirá en prisión de 20 a 30 años”? Tercero: ¿Por qué la CIA compró Pegasus con billetes físicos a pesar de su millonaria suma, y por qué trasladó esa enorme cantidad de plata a nuestro país en lugar de realizar la transacción en Estados Unidos?
Imagino que los agentes de la CIA consideraron que era mejor violar el marco legal de un paisito como el nuestro que enfrentar los rígidos parámetros de conducta exigidos por su legislación. De este lado del charco, los cuestionados generales Vargas y Mujica, directamente comprometidos con la monstruosa ejecución de un aparataje de violación masiva de la intimidad ciudadana –quién sabe si con la complicidad de otros funcionarios del gobierno Duque–, prefirieron someterse al colonialismo dominante y agachar la cabeza bajo el convencimiento de que estaban obligados a responderle al cuartel general de la CIA, en Langley, Virginia, por encima de su nacionalidad y de la Casa de Nariño. Si resulta exacto que los agentes extranjeros “controlaron” las operaciones de Pegasus, también lo es que almacenaron los datos recolectados en nuestro suelo. Y, obvio, que tienen archivadas teras de información sobre Colombia mientras todas desaparecieron aquí. ¿Y nuestros derechos fundamentales? Nada bien. Gracias.
Entre paréntesis.– La saliente procuradora Cabello que, distraída ella, “no ha encontrado rastros del programa [Pegasus]”, ocupa sus últimos esfuerzos en raspar la olla del dinero a su disposición. Dejará al firmón de sus contratos, el barranquillero secretario general Carlos Alberto Castellanos, listo para obtener un salario más alto que el actual. El pobrecito solo gana más de $33 millones mensuales. Ahora, ascendido por su madrina a Procurador Judicial II, recibirá $41 millones 657 mil. Todo podrá ser, pero no hay dudas de que la señora Cabello sabe devolver opíparamente los favores que le hacen.
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