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“La contralora no tiene la más remota intención de incumplir con sus deberes constitucionales”, dijo la desafiante Sandra Morelli, quien se presentaba como una víctima hace apenas 15 días, cuando algunos expresaron dudas de que regresaría al país a enfrentar la investigación que le sigue la justicia por presunta celebración indebida de contratos, entre otros delitos.
A continuación reiteró: “la contralora está ávida de desmontar la falacia que la Fiscalía viene articulando para desacreditarla”. Ayer en la mañana, uno de los medios con los que ella siempre tuvo contacto privilegiado reveló que estaba en Italia y que no regresaría “por ahora”. Esto ocurre a pesar de que ella había rechazado esos supuestos infundios en varios escenarios, dizque porque —según su propia comparación— sólo buscaban hacerla parecer como si fuera María del Pilar Hurtado o Andrés Felipe Arias. Y, ni más faltaba: Morelli no es Hurtado, aunque cada vez se asemejen más.
Su huida sucede en momentos en que tenía pendiente audiencia de imputación de cargos ante el tribunal, dizque porque supo (?) que iban a “montarle un carrusel de delitos que justificaran (su) prisión intramural y la consecuente entre (sic) de su hijo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (!). Lo que Morelli quiso significar con esa extraña frase es que ella sería puesta en prisión y que las autoridades darían la orden de que su hijo fuera entregado a Bienestar Familiar. ¿Habrá alguien que suponga que esa afirmación tiene siquiera un atisbo de seriedad? A mediodía, ya confirmada la noticia por la propia fugitiva, que envió, para justificarse, un farragoso comunicado del que acabo de extractar las partes que están entre comillas, arriba, vi la cara entre disgustada y asombrada del apoderado de la señora Morelli. El doctor Prías aseguró que no se enteró de la decisión de la exfuncionaria sino la noche anterior, o sea, que no fue consultado por ella y por eso renunció. Sin embargo, Prías parece ser de los pocos personajes cercanos a la excontralora que no sabían lo que ella planeaba: algunos miembros del anillo de poder que armó en torno suyo tenían el dato. La vicecontralora designada por Morelli, quien aún está en funciones, informó al abogado de la fuga. Habría que preguntarle a Ligia Helena Borrero desde cuándo lo sabía. Habría que preguntarles lo mismo a unos cuantos experiodistas, escoltas perrunos de la excontralora, tan bien remunerados en los cuatro años de su gestión.
Lo cierto es que a pesar de su cháchara (“la imputación puede ser por haber financiado el terrorismo internacional con Al Qaeda”, dijo) y de la templanza que aparentaba tener, Morelli hizo todo lo posible para impedir el avance de la investigación. Recusó varias veces al vicefiscal; les echó la culpa de la no aceptación de la recusación a dos magistrados de la Corte Suprema y a uno de la Constitucional a los que revolvió en un solo e inexplicable paquete (“… los magistrados Malo Fernández, Salazar Otero y Luis Guillermo Guerrero, declararon un fuero integral (del fiscal)”); fue a los interrogatorios, pero se burlaba de ellos (“convirtieron esto en un chisme de peluquería”), mientras ocultaba la gravedad que contenían los cuestionarios de los interrogadores, e interpuso una tutela, cual Petro, ante el bochornoso Tribunal de Cundinamarca. Entre tanto, se preparaba para irse, incluso argumentando que estaba en empalme con Maya para demorar una semana —la que necesitaba para escapar—, la audiencia. Ella sabe, porque será orate pero no tonta, lo que debe. Eso explica que haya dejado embarcados a por lo menos siete de sus funcionarios, quienes, por ejecutar lo que Morelli les ordenó, terminarán imputados mientras ella pasea disfrutando los aires romanos.