Ordoñez, el vengador

Por cierto, su segunda etapa en esa institución concluirá sin que el Consejo de Estado defina si su reelección fue nula y por tanto ilegítima, como lo advirtieron los demandantes en cuanto se conoció el método que Alejandro Ordóñez usó con el fin de lograr la votación suficiente para ser, primero, postulado por la Corte Suprema y, luego, aclamado por 80 congresistas: dándoles puestos, estabilidad laboral y salarios altos a los familiares y cambiantes parejas de sus votantes. Todos, Ordóñez y sus electores, habrían incurrido en el delito de concusión además de violar la Constitución. No obstante la contundencia de las pruebas, los consejeros siguen enredados en sus espuelas, y nada. Pero esta historia es harina de otro costal que habrá que desmenuzar más adelante.

Hoy el tema es cómo Ordóñez va quitándose las hojas de parra que descubren su desnudez moral: en menos de 15 días, la Procuraduría anunció investigación y formulación de cargos al exministro Juan Camilo Restrepo y a dos funcionarias de la Dian desconocidas para la opinión, pero no para los bandidos que defraudan al Estado. ¿Qué tienen en común el exministro y esas servidoras públicas para caer en las redes de pesca del Ministerio Público? Nada, salvo que cumplieron con su deber de enfrentar casos de corrupción que tocan a protegidos de Alejandro Ordóñez. Restrepo, conservador de impecable reputación que nace, precisamente, de su voluntad de permanecer alejado de los extremismos y de las marullas clientelistas tan caras a Ordóñez, fue ministro de Agricultura entre 2010 y 2012 y como tal, le puso el cascabel a un gato consentido de la ultraderecha: José Félix Lafaurie, presidente monárquico de Fedegán, y como tal, responsable de su mal nombre. Serio como es, el ministro Restrepo revisó el manejo que Fedegán le dio, durante años y sin ninguna auditoría, al Fondo Ganadero que administra alrededor de $100.000 millones en parafiscales. Lafaurie no entregó la información que se le exigía y se dedicó a insultar al ministro, tal cual lo hace ahora con Aurelio Iragorri porque este completó la tarea quitándole a Fedegán la administración del Fondo que, pasados tres años, está en liquidación por la enormidad de sus pérdidas económicas.

Por la misma época, Juan Ricardo Ortega, director de la Dian sobre quien no recae ninguna sospecha ética y, por el contrario, al que se le reconoce su decencia y valor, intentaba limpiar la podredumbre de esa entidad. Para ello contó, entre otros, con dos técnicas de su oficio: Claudia Rincón, directora de Fiscalización y María Elena Botero, directora de Gestión Organizacional. Ellas incomodaron a los mafiosos del crimen organizado en torno a los impuestos, entre ellos, a los chatarreros que montaron “el esquema de lavado de activos por medio de devoluciones ficticias de Iva y su espejo de exportaciones por elevados e irreales valores y volúmenes”, según dijo elocuentemente Ortega, indignado con la noticia de la investigación contra sus exsubalternas. ¿Chatarreros? Me suena, me suena… ¡James Arias es el zar de la chatarra con $275.000 millones de pesos amasados en menos de cinco años, mediante el recobro ilegal de Iva! No se borra aún de nuestra memoria la fotografía efectista de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno llegando a la Fiscalía en días pasados, para protestar porque, presuntamente, el chatarrero estaría siendo presionado para que revelara la relación comercial que tuvo con ellos. El exministro Restrepo y las servidoras Botero y Rincón no son sujetos de examen disciplinario de la Procuraduría porque sean delincuentes, sino porque se metieron con Lafaurie e, indirectamente, con los hijos de Álvaro Uribe, los tres del círculo que mañana favorecerá a Ordóñez: hoy los proceso por ti, mañana tú votas por mí.