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Me da pena empezar por casa, pero creo que el ejemplo que contaré y que conozco de primera mano, es una muestra clara de la profunda crisis que atraviesa la Policía por su ceguera institucional y por la obsesión de quienes la dirigen de negar las equivocaciones que cometen unos de sus integrantes, como si reconocer sus fallas fuera más grave que contar en sus filas con hombres que incurren en conductas delictivas: un reportero investigador de Noticias Uno, cuyo nombre me reservo, ha hecho seguimiento a varias informaciones que comprometen a uniformados.
El periodista hizo bien su tarea: buscó fuentes, fue tras las pistas y contrastó datos con la contraparte oficial cuando esta quiso darle su punto de vista lo que, dicho sea de paso, ocurre en muy pocas ocasiones pues la hostilidad policial con la prensa independiente es notoria y permanente. En coincidencia con sus indagaciones, el reportero empezó a recibir mensajes en que se le amenazaba de muerte: un correo electrónico, tres textos a su teléfono móvil y una llamada de alguien que lo calificó de “perro hijueputa” y lo trató de intimidar gritándole que lo iban a matar porque “usted no sabe con quién se está metiendo”.
Enterada la Unidad Nacional de Protección de esta situación, de manera privada y discreta, el reportero fue cubierto por un esquema de seguridad de agentes civiles que lo acompañan desde entonces. Y así sucede con otros comunicadores que trabajan en la provincia colombiana, amenazados por los poderes locales que ellos vigilan. Entre estos, unos están protegidos o semi-protegidos por el Estado y algunos continúan expuestos a su soledad y sin la atención de los grandes medios de Bogotá que solo se ocupan de su suerte cuando esta llega a su fin.
Dicho lo anterior en cuanto a la Policía, de la que no dudo que o enfrenta con honradez sus problemas o caerá en el abismo de su autoliquidación; y en cuanto a aquel grupo de trabajadores anónimos de los medios que corre peligro, expreso mi solidaridad con las dos colegas que han denunciado ser víctimas de intromisión a sus vidas privadas y de intimidación, aparentemente por uniformados del órgano que dirige el general Palomino. Sin embargo, también estoy en la obligación ética —que me carcome si no la exteriorizo— de pedir prudencia a la hora de señalar con nombre propio a los autores o responsables de las amenazas, y de solicitarle al gremio al que estoy orgullosa de pertenecer, sensatez en las denuncias y humildad en el tratamiento de los temas que lo afectan.
Es verdad que las sociedades les ha asignado a los periodistas la función de controlar el poder y que este suele ser reticente a las críticas; es verdad que tal reticencia se traduce en silencios, complicidades y advertencias peligrosas; es verdad que la protección a los comunicadores es una garantía de las democracias. Pero también es verdad que la sobre exposición de unos casos no solo puede ser contraproducente para el curso de sus investigaciones penales, sino que genera injusto desconocimiento de otros, igual o más delicados que los publicitados. Además de provocar rechazo en la opinión, similar al que generan los prepotentes que gritan “usted no sabe quién soy yo” a los agentes que cumplen su tarea de cuidar el orden callejero. Con prudencia, sensatez y humildad llega uno más lento, pero más lejos.
Entre paréntesis.- No he sido ni seré, jamás, áulica de ningún gobierno. No obsta para decir que algo va del gobierno ‘chuzador’ de Uribe, en que la persecución sistemática a ciertos periodistas fue ordenada y autorizada desde y por el palacio presidencial, al gobierno Santos del que, al menos hasta el momento, no se ha comprobado que vigile a la prensa que no es cercana a él.
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