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El jueves 23 el gobierno colombiano y la FARC firmaron en La Habana el cese al fuego bilateral y definitivo ante la presencia del Secretario General de Naciones Unidas y los presidentes de Cuba, Chile, México, República Dominicana y Venezuela, y los representantes especiales de Noruega y Estados Unidos.
El acuerdo incluye el “abandono de las armas, garantías de seguridad (para los desmovilizados de la guerrilla), la lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, así como la persecución de conductas criminales que amenacen la implementación de los pactos.”
Este es uno de los acuerdos fundamentales para el fin al conflicto armado que aflige a Colombia desde hace más de cinco décadas, que produjo más de doscientos veinte mil muertos, más de seis millones de desplazados, y que no pudo terminarse a partir de una victoria militar.
Finalizar una guerra tan prolongada debería ser materia de alegría. Ciertamente lo es para una gran cantidad de colombianos, seguramente la mayoría. Otros, sin embargo, reaccionaron al acuerdo señalando que “la palabra paz quedo herida por el gobierno.” No es claro cómo un acuerdo de paz puede herir la palabra paz. Seguramente lo que quisieron decir de una manera efectista es que están en desacuerdo con los términos del acuerdo.
Todo proceso político tiene beneficios y costos, directos e indirectos, tangibles e intangibles. Los acuerdos de La Habana sin duda los tienen. Lo que cabe es identificarlos y valorarlos para decidir sobre la conveniencia del Acuerdo.
Los “costos de la paz” son, en su gran mayoría, simbólicos e ideológicos. Los más mencionados por los opositores de la negociación son una supuesta impunidad de los futuros desmovilizados, y su acceso eventual a cargos de elección popular, probablemente en zonas apartadas del país en donde la guerrilla mantuvo su influencia histórica.
No resulta claro por qué el ejercicio de la democracia, más aún en áreas alejadas del país, sería un costo. Tampoco es claro por qué habría impunidad: uno de los acuerdos establece un régimen de justicia transicional que para el enviado especial de Alemania para el proceso de paz es “único y ejemplar” y que lo importante para un proceso de paz como el colombiano es que haya verdad, reparación, no repetición y justicia “y ese acuerdo tiene todos estos elementos.”
Más increíbles son las proclamas de que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad colombiana y su economía se transformarán en un régimen castrista-chavista, justamente cuando el régimen venezolano está próximo al colapso, y cuando el régimen cubano restablece relaciones diplomáticas con Estados Unidos, comienza a abrir su economía y a permitir el desarrollo de actividades privadas, como ocurrió en la China contemporánea.
Los beneficios, por el contrario, son inmensos y reales, aunque resulten invalorables los muertos, heridos, dolores y miedos que dejarán de producirse con el fin del conflicto armado. Sí son cuantificables los enormes gastos militares y civiles directos en seguridad que se liberarán para invertirlos en otros fines, la reducción de costos en la construcción y mantenimiento de infraestructura, la liberación de tierra y de jóvenes para emplearlos en actividades económicas, el desarrollo del turismo en áreas atractivas hasta ahora inalcanzables por el conflicto.
Probablemente, lo más significativo será el ahorro en costos de seguridad que harán las empresas, lo que elevará su competitividad y, por lo tanto, su capacidad de vender en los mercados, de aumentar su producción y, con ello, de generar en la economía más empleo directo e indirecto de alta productividad.
La guerra siempre es más costosa que la paz… ¡qué duda cabe!
*Profesor, Universidad Javeriana, Departamento de Economía