UBER versus taxis: tecnología versus pasado

UBER es un mecanismo electrónico que empareja a demandantes y ofertantes del servicio de transporte individual, facilita su transacción y el pago a través del sistema bancario. No opera como servicio de transporte. El servicio es producido por personas que tienen un vehículo y lo ofrecen por un precio más elevado que el de taxis aunque de mejor calidad.

Resulta así absurdo que los taxistas reclamen a UBER por competencia desleal. Es curioso también que resientan de la competencia de conductores que ofrecen un servicio más caro; ¡a mayor precio menor demanda!

Es igualmente incomprensible que la Superintendencia de Puertos y Transporte multe a UBER porque “mediando la utilización de una herramienta tecnológica se prestan servicios sin la autorización y sin el cumplimiento de los requisitos solicitados por las normas de transporte.” Con esa lógica deberían multar también a la plataforma Skype por facilitar la comunicación entre personas y la sustitución de teléfonos fijos o celulares.

En este pleito pareciera que los consumidores, que crecientemente emplean UBER, no cuentan. Tampoco importan la competencia y la libertad económica. Todo ello contra el artículo 333 de la Constitución: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos…”

La causa del pleito no sería la competencia de UBER. El problema sería que su aceptación creciente: 1) reduce el valor del cupo que permite la circulación de taxis, 2) induce a que el servicio se pague a través del sistema bancario.

El cupo fue establecido en 1993. Actualmente cuesta 90 millones de pesos, con tendencia a la baja. A mediados de los noventa costaba 3 millones, hace poco 110 millones. La causa: la posibilidad de transarlos en el mercado, en efectivo, con una oferta casi constante y una demanda creciente. Las ganancias de capital correspondientes fueron gigantescas… por las que no se pagan impuestos.

Así, los taxistas están peleando por evitar transparencia en sus transacciones, sus consecuencias en impuestos, y una desvalorización patrimonial. Pero esto último en las economías de mercado es el riesgo del inversionista y ¡no existe razón para garantizarle que no ocurra! Ciertamente no afecta a la mayor parte de los taxistas: solo 17 por ciento son propietarios de taxis que, en gran mayoría, son propiedad de pocos inversionistas. De tal modo, lo más probable es que esta pelea sea por encargo.

Entre 1811 y 1817 los artesanos luditas ingleses, sintiéndose desplazados por los telares industriales, organizaban ataques para destruirlos. En 1812 el Parlamento Británico convirtió dicha destrucción en crimen sujeto a pena de muerte. Finalmente la tecnología se impuso y el movimiento ludita desapareció.

Profesor, Universidad Javeriana, Departamento de Economía