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Cada vez que se busca vender una medida impopular que desmejora la condición de las clases medias y trabajadoras, se le califica de “social”. Pocas veces se explica el costo verdadero que pagarán los sectores a los cuales supuestamente beneficia. Ese es el caso de la nueva reforma tributaria anunciada por el Gobierno.
El ministro de Hacienda plantea que va a reducir la pobreza en más de diez puntos porcentuales, esta vez sí “de una vez y para siempre”; bajar el Gini en más de cuatro puntos y tener cobertura universal en materia de recursos para eliminar la pobreza extrema entre la población mayor. Para ello busca hacer permanentes el programa de Ingreso Solidario y la ampliación a $160.000 mensuales de los programas existentes de Familias y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Se trata de una contrapropuesta gubernamental a la iniciativa de renta básica que impulsó un sector mayoritario del Senado en la legislatura pasada, pero que no contó con el visto bueno requerido del Gobierno nacional ni el apoyo de su bancada y que ahora regresará al Congreso.
Una renta básica debe transferir a título de derecho el mínimo vital reconocido por la Constitución. Este equivale a un valor que asegure que los más pobres puedan suplir las mínimas necesidades de una vida digna, entre ellas la alimentación. Dicho monto debe estar alrededor de la línea de pobreza, que señala el DANE en $320.000 mensuales por persona, el doble de lo girado durante la pandemia y a una población pobre mayor. Según los cálculos realizados para el proyecto de renta básica, reducir la pobreza “de una vez y para siempre” requiere un esfuerzo fiscal bastante superior al planteado por el Gobierno. Exige además el reconocimiento del mínimo vital a título de derecho y no de subsidio que se da y se quita.
Respecto de la meta del Gini, resulta engañosa pues este indicador de equidad se calcula a partir de la encuesta de hogares, que no refleja la concentración real de ingresos pues no comprende a los superricos. Esta meta se conseguirá con la sola terminación de la pandemia, si se cumplen las metas de vacunación y si se estimula la demanda poniendo más pesos en manos de quienes gastan lo que aquí se produce.
Ni la equidad, ni la reactivación económica se logran con la ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar, ni con la inclusión en el pago del impuesto a la renta de la clase media vulnerable. Tampoco se consiguen con el aplazamiento de algunas de las gabelas tributarias contempladas para los grandes capitales en la pasada reforma tributaria. Los superricos deben pagar la parte correspondiente a su elevada capacidad de pago, en lugar de poner a los pobres y a las clases medias a tributar dinero que necesitan para sobreaguar. ¿Que se compensa el IVA? ¡Mamola! Le sacan cien y le devuelven diez a la décima parte de los pobres que lo pagan.
“Social” solo puede ser una reforma que introduzca progresividad real al sistema tributario y transparencia pública en las cifras que permita calcular cuánto se recibe y paga por nivel de ingreso. De ahí que la reforma “social” tributaria sea puro cuento.
Por Clara López Obregón
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