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“¿Quién diablos responde? 1.963 personas mueren en Bogotá anualmente por la mala calidad del aire, según el Instituto Nacional de Salud. ¿Cuántas muertes se hubieran evitado, y cuántas se evitarían en los próximos años, si los alcaldes hubiesen cumplido con su deber en los últimos ocho años?”.
El texto corresponde a un trino de Manuel Rodríguez, experto en asuntos del medio ambiente y columnista de El Tiempo, publicado el pasado 8 de marzo. Unos días antes yo estaba en la capital y decidí salir durante dos días a hacer vueltas pendientes, a pie y con tapabocas. Caminé por las carreras 7ª, 9ª y 11 en distintos momentos entre calles 95 y 70. Los periodos de caminatas fueron intermitentes, cada día, de unas cuatro horas aproximadamente.
No les digo nada nuevo si les cuento que al final de cada jornada el tapabocas estaba asquerosamente gris. He ahí el lío: normalizamos una especie de envenenamiento, así como normalizamos la violencia o la muerte. Busqué entonces la fuente de la afirmación del profesor Rodríguez: se trata del estudio “Estimación de los beneficios económicos en salud asociados a la reducción de PM10 en Bogotá”, publicado por la Universidad Nacional en octubre de 2012.
Dice lo siguiente: “Bogotá es la sexta ciudad más contaminada de Latinoamérica, en cuanto a material particulado PM10 se refiere (…) Estimaciones de beneficios recientes para Bogotá concluyen que al llevar la concentración promedio de PM10 al cumplimiento de la norma colombiana (50 μg/m3 promedio anual) entre 2010 y 2020, se podrían reducir más de 13.000 casos de mortalidad atribuible, alrededor de 28.000 hospitalizaciones por causas respiratorias en niños menores de cinco años y cerca de 5.500 atenciones en unidades de cuidados intensivos, que en términos monetarios representaría beneficios de alrededor de $16 billones en dicho periodo”.
Lo que podríamos evitar y no lo hacemos. ¿No es eso escandaloso? Salgamos de Bogotá y miremos las cifras del país. “Carga de enfermedad ambiental en Colombia”, es una investigación del Observatorio Nacional de Salud, publicada en 2018, y que en sus 177 páginas afirma, entre cientos de datos, que “en 2016 murieron en Colombia 96.844 personas por las nueve enfermedades analizadas, esto corresponde a un 43,4 % del total de las 223.078 muertes reportadas para ese año. En cuanto a la carga de enfermedad, medida en años de vida saludable perdidos (AVISA), las nueve enfermedades representan una pérdida de 1’767.090 años de vida saludable”.
Entre esas enfermedades están el cáncer de pulmón, la enfermedad diarreica aguda, la enfermedad isquémica del corazón, evento cerebrovascular y la enfermedad renal crónica, todas ellas asociadas al agua y aire contaminados, y al cambio climático que muchos se empeñan en negar o ignorar. “Quindío, Risaralda, Meta y Atlántico son los departamentos con tasas de mortalidad por encima de 255 por 100.000 habitantes por las nueve enfermedades”.
Los gobernantes locales y nacionales de nuestra historia y nosotros mismos como miembros de la sociedad somos los responsables de este desastre silencioso. No hemos entendido lo que vemos, no nos importa. Nos enfrascamos en las discusiones más inútiles cuando sabemos que muchas mejorías están a nuestra mano. No exigimos porque tampoco cumplimos con unos mínimos estándares de respeto por la vida. Vivir se volvió un privilegio, aun con ese aire inmundo que nos mata en nuestras narices.
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