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“Existe un panorama sistemático de vulneración de derechos a la salud, la vida y la integridad personal de afiliados”, sentenciaron los magistrados Felipe Alirio Solarte Maya, Claudia Elizabeth Lozzi y Luis Manuel Lasso Lozano, del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado mes de abril, al resolver la demanda de un ciudadano presentada en junio de 2016.
Unos antecedentes: esa demanda daba cuenta de la amenaza contra los derechos colectivos que suponía ser afiliado de Saludcoop y Cafesalud. Con el desastre en que terminaron esas dos EPS, fue creada en 2017 la EPS Medimás y como nuevo operador recibió a los usuarios afectados. Su página web nos dice que la entidad “gestiona el riesgo de manera confiable, humanizada y eficiente, con un equipo comprometido con la satisfacción de los usuarios”.
Pues parece que mintieron. Resultado: a la demanda de 2016 se sumó el año pasado la Procuraduría General de la Nación que pidió revocar la licencia de funcionamiento de Medimás, y el fallo del Tribunal básicamente va en esa línea, es decir, pide que se acabe esa EPS. Los argumentos de los magistrados contradicen sin matices lo que en su web Medimás prometió.
Aunque la Superintendencia aprobó la intervención de esa EPS, fue ella misma la que autorizó su creación, entonces vale preguntarse: ¿con qué criterios les dan el visto bueno a esas fachadas? Primero Saludcoop, luego Cafesalud y ahora Medimás. ¿Cuántos más descalabros tienen que padecer los usuarios? Seis millones de afiliados quedaron, otra vez, en el limbo. Medimás apeló la decisión del Tribunal y hasta tanto no haya una decisión definitiva, los ciudadanos no pueden hacer traslado a las 15 EPS que la Superintendencia anunció.
Ahora pregunto: ¿quién está velando por los derechos del personal asistencial y de los médicos especialistas? ¿Saben ustedes que los especialistas sólo son contratados por prestación de servicios y que lo que reza la ley para esos contratos es quebrantado por las EPS e IPS todos los días? ¿Saben que a muchos de esos médicos no les pagan desde noviembre del año pasado y a los que les ha ido “bien” les deben tres meses de honorarios? ¿Saben que muchos de ellos han perdido sus casas, no han tenido cómo pagar el colegio o universidades de sus hijos y tienen que incumplir, con lo que eso implica, las obligaciones con los bancos?
Un médico pasa su factura al hospital (IPS). La IPS la pasa a la EPS y es allí donde demoran los pagos con las excusas más inverosímiles. ¿Pueden demandar? Claro. ¿Ganarían? Sin duda. ¿Los volverían a contratar? Jamás. Quedarían con un inri imborrable porque pedir justicia tiene ese precio. ¿Por qué mis colegas en los medios no hablan de esto?
En el Quindío, por ejemplo, los especialistas tienen otro elemento en su contra: según me informaron varios de ellos, no más de 500 pacientes están afiliados a la salud prepagada, con lo cual, esa atención tampoco compensa lo que dejan de recibir de las EPS. Lo que plantean es que la prestación del servicio de salud no sea tomada como un negocio y que no hagan intermediación financiera para evitar la corrupción. Y que les paguen, porque además así lo exige la resolución 630 del Ministerio de Salud del pasado 13 de marzo.
Señores del Gobierno, prestadores de salud, colegas: incluyamos en la discusión a los médicos, enfermeras, camilleros y todo aquel que vive del sistema. Su subsistencia depende de eso, y nuestra vida, de muchas formas, también.
* Periodista.
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