Antipersona

No se trata de un hecho aislado. En este país, y en especial en este país rural, en el que el derecho a aprender ha sido histórica y sistemáticamente violado -ya sea por falta de cobertura, acceso, pertinencia o calidad, entre otros, y todavía más en las zonas de conflicto y donde viven las comunidades más vulnerables-, las escuelas han sido usadas como escudo por los grupos armados. En el documento Ideas para Tejer, la Fundación Empresarios por la Educación reporta que 18 de los 20 municipios más afectados por el conflicto en el país son rurales y 40 % de los niños que no asisten al colegio están en zonas afectadas por el conflicto. Por su parte, Save the Children y Coalico reportan escuelas afectadas por el conflicto armado en Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Arauca y Nariño, ya sea por la siembra de artefactos explosivos, por el uso de sus instalaciones por parte de los distintos grupos armados o por la amenaza a sus maestros. Además, según datos de 2017 del Registro Único de Víctimas, 8.270.812 personas se han declarado víctimas del conflicto. ¡Casi una quinta parte de todos los habitantes del país! De ellas, el 29% son ciudadanos entre los 0 y 17 años: niños, niñas y adolescentes que además de ser víctimas de reclutamiento y desplazamiento, fueron víctimas de todo tipo de delitos cometidos por miembros de grupos armados ilegales y de la fuerza pública como, por ejemplo, la violencia sexual.

Además, de acuerdo con datos de la Dirección para la Atención Integral Contra Minas Antipersona, desde 1990 hasta el 31 de agosto de 2017 se habían reportado11.495 víctimas de minas antipersona y municiones sin explotar, de las cuales el 10,1% (1.172) fueron niñas, niños y adolescentes. Sí, ¡1.172 niños explotados! Solo 1 ya es espantoso. Absurdamente entre tanto dato las cifras a veces no nos abofetean como deberían.

Revertir estas cifras debería ser nuestra principal tarea. No deberíamos descansar como país, hasta que todas las escuelas estén libres de minas, todos los docentes puedan ir a acompañar a sus estudiantes tranquilos y,

sobre todo, ningún niño, niña o adolescente tenga que sufrir los horrores del conflicto armado. En este momento, que se discute el Plan Nacional de Desarrollo, esperamos que el Congreso se encargue de incluir metas concretas asociadas a esto, y el Gobierno comprometa los recursos que lo hagan posible.

En la escuela se aprende mucho más que a distinguir las esdrújulas, saber qué hicieron los próceres de la independencia, sacar porcentajes y conocer la estructura del átomo y del cuerpo humano. En la escuela se aprende a ser solidario, compasivo, crítico, a conocer y respetar los derechos del otro: a ser humano. Todo esto y mucho más se aprende en la escuela, jugando y compartiendo con los demás, no viendo explotar el miembro inferior derecho de tu profesor gracias a un artefacto que los señores de la guerra dejaron sembrado en tu antejardín.

La experiencia (¡y vaya experiencia que tenemos!), y las cifras también, nos demuestran que hay una relación directa entre la ausencia de educación y la violencia. Millones de personas en nuestro país han crecido sin poder ser y sin poder hacer lo que habrían querido, con sus derechos vulnerados, su potencial segado, sus sueños truncados. Y este panorama de inequidad e imposibilidad ha devenido en violencia.

Desde nuestra convicción de lo que necesitamos como humanidad y como país, desde nuestra corresponsabilidad, en defensa de lo que nos pertenece y, además, teniendo en cuenta que el 33% de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones 2019-2022 provienen de aportes privados y que, afortunadamente, el principal rubro corresponde a la educación, hacemos un llamado a devolver a nuestras escuelas el lugar que les corresponde como espacios en los que se construye y se respira paz.

*Directora de comunicaciones en la Fundación Empresarios por la Educación,