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En 1964, Brasil se vistió de un color sombrío y de un silencio temeroso. Los militares se tomaron las calles, mientras los militantes se organizaban, eran torturados, desaparecían o morían.
El Brasil dictatorial fue un país caracterizado por el bipartidismo, la alternancia de dictadores en el poder, cierres temporales del Congreso, proyecto nuclear, integración del territorio nacional, contrarreforma agraria con la utilización de la Amazonia y el sueño de Brasil de ser una gran potencia. Un país que compartió con sus vecinos del Cono Sur el dolor colectivo de la ‘Operación Cóndor’.
Durante más de dos décadas las torturas, desapariciones y censuras fueron ocultadas por el milagro brasileño, período del gobierno autoritario en que el crecimiento fue de entre 10 y 12% al año. Pero el “milagro” incrementó las asimetrías sociales y regionales.
En medio de tanques, represión y la apatía de una población mayoritariamente católica y 75% analfabeta, la dictadura se apropió de la idea de un Brasil protagónico e intentó mostrar a EE.UU. cómo una alianza le podría ser útil en el marco de la Guerra Fría. Con el pasar de los años se descubrió que el país era solamente un aliado temporal para la consecución de algunos intereses estratégicos en la región.
Al terminar la dictadura en 1985, Brasil estaba en quiebra. El proceso lento y gradual, planificado por la cúpula militar y los partidos que subsistieron a esos años, hicieron de la transición a la democracia una de las más contaminadas de América Latina: el statu quo de los militares, burócratas y tecnócratas que apoyaron el modelo no fue modificado. La amnistía generalizada abriría paso a la reconciliación nacional. Sin embargo, la Comisión de la Verdad, instalada 27 años después, cuyo objetivo es aclarar violaciones de DD.HH. practicados en el período, evidenció la tensión que aún existe entre justicia y paz.
El pasado 10 de diciembre, Dilma Roussef recibió el informe final de la Comisión de la Verdad. Tras dos años y siete meses de investigaciones quedó claro que todo se dio por medio de “una política de Estado, planeada, operada a partir de organismos creados específicamente para la represión y dirigidos por el Servicio Nacional de Informaciones, comandado por el presidente. Había una cadena de comando. Esta política estatal funcionó de forma organizada e sistémica”. Hubo 1.120 declaraciones, denunciaron 434 muertes de civiles, 230 centros clandestinos de detención, militares perseguidos, sindicatos intervenidos y represores. El informe fue divulgado a pesar del intento de algunos militares de impedirlo, no obstante el Tribunal Regional Federal negó el pedido.
Pareciera el inicio de una verdadera reconciliación nacional, pero es importante recordar que los pactos políticos vigentes en el momento de la redemocratización, entre esos la amnistía decretada en 1979 y ratificada en 2010, seguirán vigentes.
Según Pedro Dallan, coordinador de la Comisión, el informe contiene datos “para acabar con cualquier nostalgia con relación a la dictadura”. En este día simbólico, la esperanza es que la historia no se repita y que las nuevas generaciones construyan un Brasil mejor fundamentado en la verdad, “porque la fidelidad a la verdad es la fuente de la libertad”.
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