Del Bajo Cauca a la Amazonia

Antes que nada, hay que aclarar que ejercer la minería de manera ilegal no es sinónimo de desarrollar una actividad criminal. Durante siglos la minería ha constituido la fuente de sustento de miles de personas en Colombia, y eso no las convierte en criminales, aun si no han legalizado su actividad y situación laboral. De la misma manera, desarrollar la minería dentro de la legalidad tampoco es sinónimo de transparencia económica, social y ambiental.

Por eso, el tema de la minería va mucho más allá de catalogar una actividad dentro de lo legal o lo ilegal. No se trata de una lucha entre buenos y malos. El tema es complejo y seguramente las buenas soluciones no dejarán a ninguno completamente satisfecho. Se requiere repensar profundamente la actividad misma, lo que debe llevar al Gobierno a plantearse soluciones que vayan más allá de la coyuntura. No se trata entonces de otorgar un título a quien no lo tiene o de exigir cumplir normas ambientales a quien no tiene la capacidad para cumplirlas. Destruir una o dos dragas no será la solución si al cabo de un par de semanas se ensamblan cinco o seis. El problema requiere transformaciones estructurales.

Hay que ser cautelosos con los acuerdos que se hagan, pues en el afán de destrabar un conflicto en una región del país, se puede llegar a destapar una autopista de permisividad en otras regiones donde la actividad minera aún es incipiente. El Bajo Cauca no funciona igual que el Chocó, y estas dos regiones no funcionan igual que la Amazonia.

Cuarenta balsas de pequeños mineros (no los llamemos artesanales, pues cuentan con maquinaria) trabajan día y noche a lo largo de un corto trayecto del río Caquetá. El impacto de una balsa puede no ser muy grande para el ecosistema, pero cuando se habla de cuarenta podemos empezar a dudar. Basta con revisar la situación que vive la región de Madre de Dios, en Perú, por cuenta de la pequeña minería. Entonces empezaremos a repensar la actividad.

* Coordinador Amazonas 2030.