El dilema de las farmacéuticas

Tanto las autoridades de salud como los pacientes que enfrentan una calamidad doméstica soportan la tesis, no sin razón, de que los intereses de una compañía como Novartis, dueña de la patente del exitoso producto que contribuye a combatir la leucemia conocido como Glivec, no deben primar frente al derecho a la salud. La compañía debe sacrificar sus utilidades si estas afectan el acceso al medicamento de los enfermos de esta dolorosa enfermedad en Colombia o de aquellos que compren el medicamento en nuestro país aun si son extranjeros. El bienestar general, o más específicamente el de esos pacientes debe primar. Complementan su argumento indicando que el costo del sistema de salud viene creciendo a tasas mucho más altas de las que la sociedad puede cubrir, y que es precisamente el ramo de los medicamentos protegidos el que registra uno de los incrementos más pronunciados.

Las farmacéuticas en general argumentan, no sin razón, que su modelo de negocio es precisamente ese: el de realizar cuantiosísimas inversiones en procesos de innovación, demostrar la utilidad del producto en costosísimas pruebas y surtir las aprobaciones de las autoridades en diferentes países para poder comercializarlo a precios que le retribuyan dichas inversiones por el periodo de vigencia de sus patentes. Habrá algunas que ejerzan algunos trucos para buscar prorrogar en el tiempo su protección con modificaciones a la patente original que en algunos casos no significan mayor innovación, lo que a todas luces es indeseable. Pero, en general, la sociedad cuenta con que las farmacéuticas son quienes deben llevar a cabo los procesos de innovación de nuevas medicinas y tratamientos para un sinnúmero de enfermedades.

La pérdida de efectividad de los antibióticos es un ejemplo de la dependencia que tienen los sistemas de salud de la inversión en innovación de las compañías farmacéuticas. De acuerdo con un reciente informe encargado por el gobierno británico la lucha global contra la resistencia a los antibióticos podría demandar inversiones del orden de US$40,000 millones, que las compañías farmacéuticas deberían financiar, para evitar 10 millones adicionales de muertes para el año 2050. Se pretende obligar a las compañías del sector a realizar esta inversión (sin duda tienen la capacidad y el conocimiento para asumir el desafío), y de no participar en este esfuerzo tendrían una multa o impuesto por no hacerlo. Aunque es difícil que la propuesta se convierta en realidad, lo sintomático de la misma es que se demuestra que el modelo actual de innovación en nuevos medicamentos recae casi que exclusivamente en las compañías farmacéuticas, a quienes se les exige desempeñar esta tarea pero se les cuestiona su modelo de negocio.

Ahora bien, no es que las compañías farmacéuticas sean ajenas al reto de generar acceso a la salud. Una mirada a los reportes de sostenibilidad de las principales empresas farmacéuticas en el mundo, muestra que el acceso a la salud de poblaciones vulnerables es uno de los temas materiales que consistentemente se mantiene a través de los años, donde realizan iniciativas significativas, principalmente en África. Asimismo algunas de ellas, conscientes de que las enfermedades de mayor costo como las cardiovasculares o la diabetes requieren una modificación de los hábitos de vida de la población, están en proceso de sumarse a iniciativas de prevención con una óptica similar a la que han venido desarrollando los fabricantes de bebidas azucaradas. Sin embargo estas acciones no se divulgan, o simplemente se realizan en contextos o continentes diferentes, lo que las hace ajenas al contexto del debate local. Seguramente tendríamos una discusión muy diferente si las principales compañías apoyaran, en alianza con el Ministerio de Salud, programas agresivos de prevención de enfermedades, puesto que ellas más que rentistas de la salud deben posicionarse como aliadas de la salud de los colombianos.

Otra arista del debate que se vive en Colombia y otros países es que la protección de los medicamentos contamina, con frecuencia injustamente, al sistema de patentes. Las regulaciones de propiedad industrial fueron diseñadas para defender e incentivar la innovación, y se basan en un acuerdo de divulgar los avances técnicos y científicos a cambio de una protección limitada en el tiempo. Aunque se presentan abusos y decisiones que puedan ser cuestionadas, la esencia de negociar la divulgación a cambio de la protección sigue siendo una política vigente, y sus críticos nunca han propuesto sistemas alternativos que puedan mejorar el sistema actual. Así, por cuenta del debate de la salud los sistemas de innovación y propiedad industrial en otras áreas se ven con frecuencia afectados y contribuyen a generar incertidumbre, lo que desafortunadamente en el caso de Colombia implica ser percibido como proclive a modificar las reglas de juego en función de una coyuntura o un debate puntual.

Así, lo deseable es que el Ministerio y la compañía en cuestión lleguen a un arreglo. Un arreglo en el que se respeten los derechos de propiedad industrial, se mantengan los incentivos a la innovación pero que a su vez se construyan alianzas para generar un mayor acceso a la salud por parte de la población, tanto a través de mecanismos de negociación de precios como de iniciativas de prevención. Es una oportunidad única para cambiar el debate de un esquema de malos y buenos a uno que de verdad contribuya a los objetivos privados y de la sociedad en su conjunto.

* 4.0 Brands, @lfsamper