El nuevo fiscal de Colombia

Desde entonces esta institución ha sido protagonista de primer orden en la consolidación de nuestro Estado de Derecho. Hoy contamos con una estructura de investigación compleja, tecnificada y presente en todos los campos de la sociedad. Y a pesar de que la percepción sobre la justicia en Colombia no es la mejor, los hechos confirman que la Fiscalía es un ejemplo palpable de eficacia, sacrificio y desarrollo. Las cifras no mienten. En los últimos años los fenómenos criminales asociados con la corrupción, el narcotráfico, las bandas criminales, los paramilitares, los abusos en el sector financiero, los robos de celulares, entre otras manifestaciones, han tenido en la Fiscalía un protagonista de primer orden.

Dentro de estos temas hay uno que sin duda ubica a la Fiscalía a la vanguardia nacional, regional e internacional: la Extinción de Dominio. Esta figura ataca el ADN de la mayoría de las conductas criminales, expresado en el provecho económico que trae consigo el delito. Desde la expedición de la Ley 333 de 1996 hasta el día de hoy, esta ley ha convertido a Colombia en un modelo de excelencia en la lucha contra el crimen. Gracias a esta figura, todos los bienes de los carteles de Medellín y Cali quedaron judicializados. Solo imaginemos lo que habría sucedido si las inmensas fortunas de los narcotraficantes hubieran pasado “limpios” a los herederos de los capos. Nuestra ley es hoy un modelo mundial. España y El Salvador expidieron sus leyes de extinción utilizando nuestra ley, y México trata en estos momentos de avanzar en esa misma dirección. Desafortunadamente países como Costa Rica, Venezuela, Bolivia o Ecuador carecen de esta posibilidad.

En este compromiso por atacar los beneficios económicos del delito, el trabajo de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación es francamente impresionante. Gracias al ajuste legal realizado hace dos años con la expedición del nuevo Código de Extinción de Dominio, la Fiscalía afectó 3025 bienes producto de actividades ilícitas por un valor de ocho billones y medio de pesos, dentro de los cuales sólo en el 2016 se han incautado dos billones y medio de pesos. Las cifras son históricas.

Pues bien, es ahora el momento de recordar que esta figura surgió de un trabajo en equipo decidido y radical contra el delito y la organizaciones criminales, que se lideró desde el Ministerio de Justicia y del Derecho bajo la dirección del ministro Néstor Humberto Martínez, recién elegido fiscal general de la Nación. Ese Ministerio tuvo además que afrontar inmensos retos para tipificar el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito como figura autónoma, sacar adelante el aumento de penas, la ley estatutaria de la Justicia, el estatuto anticorrupción, la cooperación judicial internacional y el restablecimiento de la extradición. El ministro Martínez conformó y lideró un equipo de valientes funcionarios que elaboraron todas estas leyes, el cual tuve el honor de orientar años más tarde. Esta inmensa labor se consolidó luego en el Congreso, gracias a quien fuera el ponente de todas esas iniciativas, el senador Germán Vargas Lleras.

La aplicación y fortalecimiento de la extinción de dominio sobre los bienes producto del delito será ahora una herramienta fundamental en el posconflicto pues permitirá incautar perseguir y recuperar las inmensas fortunas amasadas en los últimos años por las Farc. El país aceptará con dificultad la justicia transicional para los jefes guerrilleros, pero no resistiría que esos jefes se reintegraran a la sociedad para disfrutar de su riqueza obtenida con el narcotráfico y e secuestro.

El fortalecimiento de la justicia en Colombia es un compromiso inaplazable, y seguirá siendo una tarea que nos compromete a todos.

* Exministro de Justicia