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En más de una oportunidad le escuché decir a Luis Carlos Galán, en sus magistrales disertaciones, que era posible y necesario convencer a la guerrilla de que dejara las armas y buscara a través de la democracia las transformaciones económicas y sociales que pregonaba; que renunciara a su pretensión de imponerlas por la fuerza y que, por el contrario, ventilara en la plaza pública sus propuestas, para que el pueblo decidiera libremente cuál sería la intensidad de esos cambios estructurales.
Llegué al Congreso al año siguiente del magnicidio de Soacha, con la ilusión de que ciertamente era posible tramitar en el Capitolio propuestas radicales que sacudieran el vetusto establecimiento bipartidista, sumido en el clientelismo que propicia la corrupción, máxime cuando había sido elegido por un vigoroso movimiento popular que logró la confluencia de varias fuerzas renovadoras en el departamento de Nariño. Y a pesar de que al año siguiente, 1991, la Asamblea Nacional Constituyente expidiera una nueva Carta Política, inspirada en el humanismo liberal, el Congreso se ha negado, hasta ahora, a expedir las leyes que desarrollen el cambio constitucional; por el contrario, en apenas 22 años ha realizado 35 contrarreformas que terminaron por desfigurar una Constitución que está muy en el alma de los colombianos por las conquistas en materia de derechos ciudadanos, con la afortunada salvaguardia que es la acción de tutela.
Estas reflexiones son inexorables con motivo de los anuncios de eventual acuerdo de paz con las Farc y su reclamado derecho a preservar su vocería política. Desde luego que su presencia en el Congreso sería saludable, pues nosotros creemos que, a pesar de la deshumanización del conflicto y de las graves violaciones a los derechos humanos que se les atribuye, es mejor que políticos que cambiaron la dialéctica de la persuasión por la de los fusiles se reencuentren con un pueblo que tiene derecho a vivir en paz; pero tenemos el presentimiento de que será muy difícil que las reformas que no se acuerden en el marco de las negociaciones de La Habana se puedan tramitar y aprobar en un Congreso dominado por las clientelas aupadas por los gobiernos de turno.
¿Será cierto lo que nos enseñó Galán de que es posible hacer la “revolución pacífica” —vale decir, a través de las urnas— y alcanzar las profundas transformaciones que con urgencia demanda la sociedad colombiana? ¿Cuándo cambiará nuestra democracia política, para que el Congreso sea la expresión de la opinión nacional y no de la pobreza material y espiritual de un pueblo sometido al hambre, al desempleo y a la falta de salud y educación?
*Parmenio Cuéllar / Senador de la República
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