La justicia del Centro Democrático

Sobre el proyecto presentado por el Centro Democrático poco se ha dicho. Lo cierto es que, por lo menos durante las próximos dos legislaturas, la discusión política girará alrededor de una reforma constitucional sobre la estructura del poder en Colombia, desde dos perspectivas bien diferentes de concepción del Estado. Y aunque el proyecto del Gobierno parece ser más equilibrado en lo político y en lo jurídico, el proyecto del Centro Democrático promete generar debates más radicales. Este proyecto inicia su exposición de motivos en la que se lee: “Esta reforma del Centro Democrático no ha sido presentada con ánimo intransigente ni partidario. Constituye una sincera invitación a todos los sectores políticos representados en el Congreso para emprender y asumir el inaplazable reto de reformar la estructura orgánica de nuestra Carta con miras a fortalecer las instituciones republicanas, el equilibrio de poderes y la pronta y eficiente administración de justicia”. Pues bien, ese “equilibrio” lo concibe el Centro Democrático de la siguiente manera: el procurador general de la Nación y el fiscal general serían elegidos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Se propone la moción de censura en contra del fiscal general de la Nación. Se suprime la competencia de la Corte Suprema de Justicia para juzgar los delitos cometidos por el presidente de la República. Esta función la tendría el Senado. El Gobierno tendría la función de investigar los delitos. Se eliminan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Sí. Leyeron bien. En su lugar, se crearía el llamado Tribunal Constitucional Supremo, como órgano de cierre de las jurisdicciones civil, laboral, penal y constitucional. Los miembros de este Tribunal Supremo serían designados por el presidente de la República. El Consejo de Estado sería un órgano consultor del Gobierno con algunas funciones judiciales en cuanto al juzgamiento de altos funcionarios y presidido por el vicepresidente de la República. Se propone la creación de un Alto Tribunal de Juzgamiento para la alta magistratura para juzgar a los magistrados del Tribunal Supremo y el fiscal general. Y, claro, se limita la acción de la justicia en cuanto a la jurisprudencia como fuente de derecho. Este proyecto tiene 58 artículos que desarrollan otros temas en lo que sin lugar a dudas es en realidad una sustitución de la Constitución de 1991. Por ello nunca pasaría el examen en la Corte Constitucional. Dada su magnitud política, no es una reforma ordinaria, sino la base de un cambio constitucional total, o en otra palabras, la base conceptual de la Asamblea Nacional Constituyente que en varias ocasiones miembros de ese partido han propuesto. Sería mejor que lo presentaran como tal, y no como una simple reforma a la Constitución. 

*Carlos Medellín Becerra