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En los años que llevo dedicado a la educación no me he encontrado nunca con un padre de familia que, en Colombia, cuestione la posibilidad de llevar a sus hijos a un colegio público o uno privado.
Por. Juan Antonio Casas P. *
Es casi un dogma que los colegios privados son superiores en calidad a los públicos por lo que cualquier familia que tenga los medios suficientes opta por la primera opción en lugar de la segunda.
Si bien es cierto que esta generalización no siempre es válida, hay que reconocer que, a grandes rasgos, está basada en una realidad. Estamos acostumbrados a preocuparnos por la baja calidad de la educación que recibe la inmensa mayoría de colombianos, pero quienes hemos tenido acceso a la educación privada podemos pensar, más o menos en el fondo, que ese problema es de otros: de quienes no tienen acceso a nuestros colegios y universidades.
Detrás de estos prejuicios hay un error gravísimo y una idea fundamentalmente equívoca sobre el papel que tiene la educación, en particular la pública, en una sociedad democrática como la colombiana. Es un hecho que toda nuestra estructura política y todos los mecanismos que le son propios —en los que confiamos para garantizar que los fines de promoción de la libertad y justa distribución de las oportunidades se cumplan— descansan sobre la premisa de una población educada para ejercer, con plena conciencia, sus deberes ciudadanos.
Sin una educación de calidad para todos los colombianos, esta condición fundamental de nuestra estructura social es imposible. No podemos sorprendernos de los vicios en la gestión pública, no nos debería escandalizar la corrupción ni la negligencia, la demagogia ni el populismo, si no nos ocupamos antes de preparar como es debido a los primeros responsables de elegir a nuestros gobernantes y de ejercer sobre ellos un control político. Esos responsables somos todos. Todos, sin excepción ni calificación.
Los beneficios de hacernos cargo de nuestra responsabilidad con la educación pública son indispensables para el bienestar general: independientemente del nivel económico individual, los intereses públicos nos afectan a todos, como personas y como miembros de un grupo. Los sectores más privilegiados pueden con sus recursos atender necesidades que en otros sectores dependen primordialmente de los esfuerzos públicos, pero también es cierto que un país próspero y rico, bien gobernado y en paz, lo es así para todos. Un país desigual es un país en guerra y así lo hemos vivido, prácticamente siempre, los colombianos.
Como educador que le ha dedicado toda su vida a un proyecto del sector privado de la educación y en el que creo fervientemente, estoy convencido de que tenemos mucho que aportar a nuestros colegas del sistema público. Si no lo hacemos perdemos nuestro norte, nuestro sentido y nuestro valor porque nos olvidamos del propósito último que tiene la educación: formar hombres y mujeres capaces de desarrollar plenamente su potencial humano y ponerlo en función del otro, como parte de un grupo que supera lo individual y que por eso mismo nos enaltece.
En el sector privado hemos construido mucho, lo que debe ser un motivo de orgullo para nuestro país. No lo es plenamente, sin embargo, si no modelamos el comportamiento de nuestros futuros líderes poniéndonos al servicio del interés general. Nos corresponde buscar (o construir) las vías necesarias para que lo que hemos aprendido no se quede entre nuestros muros y, en la práctica, cumplamos con nuestro propósito de educar.
* Rector del Gimnasio Campestre