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Luiz Inácio Lula da Silva tomó posesión como presidente de Brasil el domingo y, justo después de su juramentación, comenzó oficialmente la carrera para afrontar uno de los problemas más apremiantes del país: frenar la destrucción de la selva amazónica, que se encuentra más cerca que nunca del punto de no retorno del que llevan alertando los expertos desde hace años.
Proteger la selva tropical —una de las promesas de Lula durante la campaña— acaso sea el reto más importante de su tercer mandato como líder de Brasil. Será una tarea extremadamente compleja, y por ello Lula necesitará la ayuda de la comunidad internacional. Es crucial que haga frente a criminales medioambientales como madereros, mineros y acaparadores de tierras (grileiros). También que teja alianzas tanto con un Congreso fragmentado como con la élite rural del país, una parte de la cual sigue cuestionando los compromisos climáticos de Brasil.
Muchas cosas han cambiado en la región desde el primer mandato de Lula. En la selva tropical más grande del mundo, el enemigo ya no es el mismo que durante las décadas de 1990 y 2000, cuando aventureros y rancheros se instalaban en la región, destruían la selva, sobornaban a las autoridades locales y falsificaban escrituras para reclamar tierras de propiedad pública. Hoy, Lula tendrá que lidiar con redes criminales violentas y pujantes que recurren al fraude para introducir en las cadenas globales de suministro productos manchados por prácticas ilegales.
En gran medida, la situación de destrucción actual en la Amazonía es herencia del presidente saliente, Jair Bolsonaro, quien desde que asumió el cargo en 2019 debilitó la protección medioambiental e incluso instó públicamente a abrir las tierras indígenas a la explotación comercial. En consecuencia, las tasas de deforestación anual aumentaron en promedio un 60 por ciento durante su presidencia en comparación con los cuatro años anteriores. Algunas partes de la selva emiten hoy más dióxido de carbono del que absorben.
El gobierno entrante ha dado señales de que derogará las políticas que expandieron la extracción de oro en la Amazonía, un gran problema en las tierras indígenas, y de que se restituirá el sistema de multas ambientales, una importante medida que desincentiva las malas prácticas. Lula también planea fortalecer los órganos federales encargados de proteger la selva, mientras sus ministros han anunciado la creación de una unidad federal policial para investigar a las sofisticadas bandas criminales responsables de la depredación de los recursos naturales.
El nuevo gobierno también reactivará el Fondo Amazonía, un programa de conservación que ha sido crucial para frenar la deforestación pero que fue congelado en 2019. El fondo dispone de 600 millones de dólares que pueden utilizarse para financiar a la principal agencia de protección ambiental del país, el Instituto Brasileño de Medioambiente y Recursos Naturales Renovables, y a otros entes federales y estatales.
Pero no está claro que esta batería de medidas, por muy ambiciosa y necesaria que sea, tenga un impacto real en frenar el descontrol actual en la región.
Altos funcionarios encargados de liderar la lucha contra la deforestación durante el primer y segundo mandato de Lula me dijeron que reducir las tasas de destrucción hasta los niveles previos a la era de Bolsonaro podría demorar varios años. En buena medida esto se debe a que la dinámica de los delitos ambientales en la Amazonía ha cambiado profundamente durante la última década, por lo que las tácticas que las agencias federales solían usar —información satelital y el despliegue de agentes federales— podrían no dar los resultados deseados.
En la actualidad, la deforestación es responsabilidad sobre todo de redes criminales que actúan minuciosamente para ocultar los orígenes ilegales de los productos que extraen y producen ilícitamente, en especial la carne de res, el oro y la madera de la Amazonía. Su objetivo es hacerlos pasar por lícitos (blanquearlos). Un estudio de 2022 del centro de estudios brasileño Instituto Igarapé mostró que, aunque la “serie de delitos vinculados” varía en cada región amazónica, estos esquemas criminales a menudo implican el uso de violencia, corrupción, delitos financieros y fraude.Algunas empresas multinacionales se han comprometido a monitorear la cadena de suministro para evitar comerciar con soja y carne de res producidas en áreas deforestadas, y la Unión Europea se prepara para adoptar una norma que obligará a las empresas a demostrar que sus productos no han fomentado la deforestación y la degradación de la selva. Pero China, uno de los principales compradores de soja, carne y cuero brasileños, ha mantenido silencio al respecto. Para salvar la selva, Lula debe convencer a Pekín de adoptar medidas efectivas que garanticen el rastreo del origen de la soja y la carne que le compra a Brasil.
Otro desafío para el nuevo gobierno será cambiar la mentalidad que aduce que la destrucción de la selva está justificada porque de esta forma se logra desarrollo económico. Ese enfoque es preponderante en muchas regiones y ello explica que Bolsonaro ganara en votos a Lula en cinco de los nueve estados que componen la Amazonía brasileña durante las últimas elecciones. No hay que olvidar que en los últimos comicios generales también fueron reelegidos varios gobernadores de la región que, siguiendo el modelo de Bolsonaro, apoyan la explotación de la selva a cualquier coste.
De hecho, las primeras manifestaciones de oposición a Lula ya se han producido en la Amazonía. Tras su elección, camioneros y otros simpatizantes de Bolsonaro bloquearon la carretera BR-163, una ruta conocida como la “Autopista de la soja” porque se extiende desde los campos de leguminosa hasta las terminales de exportación situadas a las orillas de ríos amazónicos. En un augurio de lo que puede estar por venir, policías federales que intentaban desbloquear el camino fueron atacados por manifestantes.
Lo cierto es que la violencia en esa región ya dio la vuelta al mundo durante los primeros dos mandatos de Lula. En 2005, en respuesta a un plan presentado por Marina Silva (exministra de Medioambiente y hoy de nuevo al mando de la cartera) para proteger millones de hectáreas de selva, grupos de madereros y ganaderos bloquearon la carretera, amenazaron con contaminar ríos e incluso advirtieron de que podría “correr sangre”. El gobierno, presionado, decidió dar marcha atrás, aunque solo temporalmente. Al final, Marina Silva logró crear una sucesión de reservas a lo largo de la BR-163 que le valió reconocimiento a nivel mundial.
Un lugar clave en la lucha contra la deforestación será la zona Amacro, una inmensa región situada en el noroeste de Brasil (el nombre viene de los estados que abarca: Amazonas, Acre y Rondônia) que fue promovida por el gobierno de Bolsonaro como una nueva frontera para la expansión de la producción de la soja y la carne. Según datos del Instituto de Investigaciones Espaciales, la región, antes una de las áreas mejor conservadas del país, lidera ahora el repunte de la deforestación.
La Amazonía es hoy un escenario extremadamente complejo, y una parte central de la estrategia de conservación de Lula debe involucrar al mercado global. Los criminales deben enfrentar todo el peso de la ley, pues es una medida disuasoria fundamental, pero para lograr la deforestación cero, el gobierno federal también debe recompensar a los empresarios que respetan las reglas.
La comunidad internacional puede desempeñar un rol crucial en esa estrategia y debe contribuir financieramente (y de manera generosa) al impulso de Brasil para salvar su selva tropical. Una fórmula podría ser en forma de donaciones al Fondo Amazonía, pero también es importante que haya inversiones a largo plazo en cadenas de suministro e industrias que generen puestos de trabajo, muy necesarios para mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales y, de esta forma, sentar las bases del desarrollo sostenible. China, por ejemplo, podría seguir su modelo de expansión en Asia y África e invertir en la creación de fábricas que le den un valor agregado a los recursos naturales amazónicos antes de que estos sean exportados. En el discurso que Lula pronunció en noviembre durante la conferencia climática de las Naciones Unidas, en Egipto, dijo: “Mostremos una vez más que es posible generar riqueza sin incidir en el cambio climático”. Si lo logra, demostrará a los brasileños de a pie y a las élites agroindustriales del país que la prosperidad y la preservación no son solo necesarias en un mundo en crisis climática, sino también son realizables.
(c) The New York Times.
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