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Por: Tomás Orozco
Desde que Rappi se convirtió en el negocio insigne de la economía naranja de Duque, la población se dividió en los mismos dos bandos de siempre: los que apoyan el proceso de paz y los que no.
Leyeron bien. La polarización tiende a mezclar todo con todo y las opiniones se aglutinan en torno a las diferencias más visibles. Los del «Sí» recalcan que no hay garantías laborales para los rappitenderos y que es un oficio especialmente riesgoso porque exige estar siempre en movimiento. Mientras tanto, los del «No» recuerdan que Rappi ofrece la posibilidad de un trabajo flexible, atractivo para muchas personas que no tienen mejores opciones laborales, y que es imposible volver rentable un negocio de domicilios si se les paga seguridad social a los trabajadores.
Como suele pasar con las líneas divisorias que se forman en función de la ideología y no de una perspectiva crítica, ambos tienen razón en su relato de los hechos pero ninguno tiene razón en sus conclusiones. Ahora que el coronavirus ha puesto a Rappi en el centro de la mesa, con más veras debemos reflexionar sobre esas conclusiones para calibrar el papel que esta empresa juega en el país.
Si bien Rappi no es un sistema de explotación a escala local, sí es un reflejo del lugar que ocupa Colombia en un sistema de libre mercado a escala global.
En la medida en que Rappi no es un sistema de explotación que está fomentando proactivamente injusticias, tienen razón los del «No» en argumentar que Rappi ofrece oportunidades laborales valiosas en un país que carece de ellas y que, por cierto, ayudan a paliar las necesidades económicas del influjo de migrantes venezolanos.
No obstante, también tienen razón los del «SÍ» en reclamar que las oportunidades de Rappi son un pacto con el diablo porque, aunque les permite a los rappitenderos hacer plata rápida, a largo plazo la alta probabilidad de que sufran accidentes con secuelas arriesga su capacidad de sostenerse económicamente en el futuro.
Esto es hasta ahora una simple constatación de los hechos. Lo que pasa en realidad, y que ninguno de los dos bandos suele plantearse porque implicaría salirse del abanico de frases hechas que imponen las respectivas ideologías, es que ni Rappi es el mismísimo demonio ni los fundadores de Rappi son genios de los negocios. Rappi es apenas un síntoma más («el rappisíntoma») de la impotencia de Colombia, a escala de
país, para influenciar las dinámicas de un sistema de libre mercado global que tiende a
perpetuar la irrelevancia de los países pobres; las oportunidades de Rappi solo son valiosas porque vivimos en un país tan pero tan desigual que pone a la gente ante la escogencia absurda entre la miseria de ser rappitendero y la miseria de morirse de hambre.
Como no es factible que nuestros líderes y presidentes puedan afectar con sus decisiones el sistema de libre mercado global en el que Colombia juega apenas un papel de idiota útil, sugiero concentrarnos en la escala local y ver el rappisíntoma como otra muestra de la irrelevancia de nuestro país en el orden mundial.
Una vez aceptamos que Rappi no es más que un hecho de la pobreza y de la desigualdad, quedamos libres para fijarnos en las cosas que sí están dentro de la esfera de control de nuestros gobernantes. Acá empiezan mis desacuerdos con el gobierno Duque.
Lo primero es que, aunque nuestro gobierno no tiene mayor control sobre la irrelevancia global de Colombia, sí tiene control sobre qué negocios merecen tener apoyo publicitario por parte del Estado. Promover el rappisíntoma, en ese sentido, es en últimas enorgullecerse de nuestra desigualdad social. Si tomamos en cuenta que el gobierno sí tiene control sobre sus políticas pedagógicas, es una infamia que esté aclamando públicamente el valor de una empresa que, de tener el país condiciones sociales más justas, no sería rentable y no existiría. Les aseguro que no hay rappisíntoma en Noruega.
Lo segundo en lo que no estoy de acuerdo es más coyuntural y tiene como premisa que el corazón del libre mercado es que los Estados no generen condiciones legales que favorezcan a ciertas empresas sobre otras. Aún si se asume, en gracia de discusión, que Rappi está cumpliendo una labor social durante la pandemia porque está reduciendo la exposición de los ciudadanos al virus (lo cual también es dudoso porque, al concentrar el riesgo de contagio en sus rappitenderos los convierte en canales de contagio), las políticas nacionales de restricción de movilidad están generando un monopolio artificial al permitir la libre operación de Rappi y al imponerles restricciones a los lugares de venta presenciales. Ese monopolio artificial se ve
reflejado en el crecimiento desorbitante de la empresa durante este periodo.
Si hay algo que está en contra de la esencia del libre mercado, son las intervenciones estatales y más aún cuando crean monopolios artificiales. Por eso le ruego al gobierno Duque que adopte una política de «dar para recibir» en la que, aún si se decide alargar el monopolio artificial del rappisíntoma por razones de salud pública, se le impongan obligaciones sociales a la empresa y a otras similares (¡que son pocas y comparativamente irrelevantes!).
Estas obligaciones deben ser proporcionales a la tasa de crecimiento de Rappi durante la crisis, para lo cual se necesitaría completa y total transparencia de los estados financieros de la empresa. Las exigencias pueden ir desde la contribución a un fondo común que ayude a sostener a los restaurantes que dependían de la libre movilidad de sus comensales, o a la reducción de los porcentajes que le pagan los restaurantes a Rappi, hasta donaciones directas para los trabajadores que viven del rebusque y que están a punto de cruzar la línea de la pobreza. Más de uno de estos trabajadores forma parte de las casi 45 mil personas que actualmente están en lista de espera para ser rappitenderos.
Concluyo que es una injusticia social darle trato especial a Rappi y es una violación al espíritu de la libre competencia. Rappi no es ningún emprendimiento de garaje, como lo demuestra la billonada que recientemente recibió de Softbank. Si a los arrendadores se les prohibió desalojar a sus arrendatarios, a Rappi se le tienen que exigir políticas empresariales excepcionales de responsabilidad social durante la crisis y no debemos esperar pasivamente las ocasionales caridades que le recomiendan al rappisíntoma los asesores de relaciones públicas de la empresa.