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Existe muy poca comprensión acerca del beneficio real que tienen las acciones antilavado para enfrentar a la gran delincuencia.
Recordemos los más sonados episodios recientes: el “carrusel de la contratación”, DMG, Interbolsa, los manejos indebidos del sector salud y el despojo de tierras. En esos y en muchos otros casos, sin excepción, aparecen multimillonarias sumas de dinero producto de los ilícitos, así como la necesidad que sus autores siempre han tenido de darle apariencia de legalidad a lo obtenido de manera delictiva, vale decir, de lavarlo.
Al establecerse esa conducta como nuevo tipo delictivo, se buscó despojar de tal riqueza ilegal a quienes violaban la ley para lucrarse en semejantes proporciones y demostrarles que el delito no paga.
Enfrentar el lavado de activos como se viene haciendo es una equivocación, pues se está exagerando el efecto del golpe menor que se da a los lavadores, un nuevo grupo de delincuentes también menor.
En el efecto amplificado del delito de lavado de activos está lo que, en últimas, constituye su verdadero valor. Esto es así puesto que, si se tiene éxito en una operación de lavado, se amplía su efecto a los delitos que lo causaron y termina no sólo favoreciendo, sino estimulando a reincidir a quienes los cometieron.
Lo importante es, entonces, replantear el enfoque y privilegiar el impacto hacia los “delitos fuente” que según el artículo 323 del Código Penal dan lugar al lavado. Así, pasa a ser fundamental el riguroso castigo que debido al éxito de las acciones antilavado terminan recibiendo quienes ejecutaron, entre otros, delitos contra la administración pública o el sistema financiero, traficantes, guerrilleros, bandas criminales, extorsionistas, secuestradores y, en fin, corruptos. Este es el reto y el inmenso efecto positivo del compromiso con el cual el Estado y la sociedad actúan contra el lavado de activos.
Además, deben superarse los preconceptos y estigmas que persisten cuando se sigue considerando el narcotráfico la única fuente de lavado o cuando se cree que este se da sólo en el sector financiero. Ya no es así. Ahora sobresalen otros delitos de altísimo impacto social y el sector real como soportes de esos grandes emporios provenientes de fuentes ilegales.
Finalmente, un recorderis a la justicia: mayor decisión, más agilidad en los procesos, superar la sensación de impunidad tan atractiva para quienes se deciden a actuar desconociendo la ley y convirtiéndose en las nuevas mafias de poder. Como lo muestran centenares de expedientes represados, hay que imprimirles celeridad a las investigaciones contra el lavado de activos y el fraude utilizando los avances de la auditoría forense y otros medios novedosos, si queremos ser exitosos contra la corrupción y contra tantas otras graves conductas que agobian a nuestra sociedad.
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