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Para entender la verdadera dimensión de lo que serán las directrices de este segundo mandato del presidente Santos, lo primero que se necesita es paciencia, pues las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tienen más de 700 páginas y la ley —aprobada el miércoles pasado— consta de 145 artículos. Súmele que no tienen el orden que se esperaría, lo que puede acabar con la concentración de cualquiera.
Al leerse los documentos queda en evidencia que el PND tiene dos agendas de desarrollo: una explícita y otra implícita. La primera está ampliamente explicada en las bases, y resulta progresista entender la paz, la equidad y la educación como los tres pilares de la estrategia de desarrollo del país en los próximos cuatro años. Pero la segunda agenda, consagrada en sus 145 artículos de la ley, deja muchas preguntas en el aire y la principal es: ¿cuál de las dos agendas va a seguir el Gobierno? Porque a pesar de las coincidencias, hay elementos profundamente contradictorios. Tras los pilares señalados y traducir esas prioridades a recursos fiscales, el Capítulo I de la ley es competitividad e infraestructura estratégicas; le sigue movilidad social, transformación del campo; seguridad, justicia y democracia; buen gobierno y crecimiento verde. Los ejes temáticos hacen evidente que las locomotoras del primer gobierno de Santos siguen en marcha, y que en esta ley se profundiza el apoyo a la iniciativa privada, a la minería, al mercado y a la eficiencia. Aunque la movilidad social se presenta como prioridad. La novedad del PND, justo es señalarlo, es el reconocimiento a las regiones y al territorio, pero la desilusión llega cuando se advierte que en la norma, a excepción del Pacífico, las regiones no tienen estrategias claras y diferenciales. Adicionalmente, siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la economía verde es una nueva dimensión que se implanta. Pero la verdad es que poner en el mismo nivel el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental es algo utópico en Colombia, donde el crecimiento es el que sigue mandando la parada. Si no existe la institucionalidad que requiere el Ministerio de Ambiente, pensar que los otros sectores —que ven las normas ambientales como el gran freno al desarrollo— trabajarán por la sostenibilidad, es más que un placebo. En el capítulo sobre movilidad social, que podría asimilarse a equidad, la educación es el eje. Allí aparecen temas como la jornada única, calidad, educación básica obligatoria, atención a primera infancia, etc. Pero no se toca lo más esperado en salud, que consiste en acabarla como negocio. Siguen las “invencibles” EPS, aunque es de destacar la flexibilización del sistema en territorios pobres. Lo más frustrante entre las dos agendas es la prioridad que la primera le da a la equidad y el pobre desarrollo que se les da en el articulado. ¿Dónde están los grandes cambios para atender el 37% de población que salió de la pobreza y ahora es vulnerable? ¿Les van a dar familias, jóvenes y viejos en Acción al 66% de la población ? En sí, el problema es que lo que se avanza en las bases, se retrocede en la ley, de manera que la equidad se queda mucho más en el discurso que en la realidad. * Exsenadora, exministra de Medio Ambiente y exdirectora de Planeación Nacional.