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En 2007 se descubrió una impactante reserva de petróleo en el litoral sureste de Brasil, Campo Tupi, considerada la más grande descubierta en el mundo occidental en los últimos 30 años, con cinco a ocho mil millones de barriles.
El hallazgo de Campo Tupi confirmó la existencia de una capa subterránea de sal, ubicada a lo largo de la costa brasileña, denominada pre sal, debajo de la cual se encuentran grandiosas reservas de petróleo. Poco tiempo después, a 37 kilómetros de Campo Tupi, se encontró una inmensa reserva de gas natural que se igualaba en tamaño al megacampo petrolero, bautizada Campo Júpiter.
Al celebrar la extracción del primer barril de petróleo de crudo en Campo Tupi, a 6.000 metros de profundidad, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que “comenzaba una nueva era para Brasil, una segunda independencia. Con este petróleo, Brasil gana respetabilidad en el mundo y podría convertirse en uno de los diez mayores productores del mundo”.
El impacto de ese descubrimiento exigió inmediatamente serias reflexiones acerca de política petrolera nacional, relacionada con nuevos mecanismos de regulación que honrarían el cumplimiento de contratos establecidos anteriormente. Con esos colosales descubrimientos, el Estado debería establecer nueva jurisdicción para obtener el control de las enormes reservas del petróleo y gas.
Después de 14 meses de trabajo se elaboró un nuevo marco de regulación que para algunos representa un retroceso en lo que se refiere a la política de “flexibilización del monopolio estatal”, legitimada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002). Se cree que el nacionalismo brasileño podría ser un obstáculo para el porvenir de Brasil como un país petrolero, que Petrobrás sola no podrá responder a ese reto gigantesco de explotación, sobre todo con los resultados demostrados en el último año. Críticas que se reafirman con la demora de la aprobación de la nueva ley.
Sin embargo, el primero de mayo, la presidenta Dilma Rousseff anunció: “El Gobierno va a privilegiar como nunca el instrumento que más amplía el empleo y el salario: la educación, lo que determina que todos las regalías, participaciones especiales del petróleo y recursos del presal sean invertidos exclusivamente en la educación”. La propuesta tiene el objetivo de destinar recursos provenientes de regalías y participaciones especiales sobre la producción de petróleo, gas natural y de otros hidrocarburos en el fortalecimiento de la educación para cumplir los grandes desafíos del sector educacional nacional, ya que la enmienda constitucional número 59 de 2009 tornó obligatoria la educación de 4 a 17 años.
El anuncio hecho por la Presidencia de Brasil significará la realización del sueño del pedagogo Paulo Freire, uno de los más importantes del siglo XX, cuando afirmaba: “Si es verdad que la ciudadanía no se construye apenas con la educación, también es verdad que sin ella, no se construye la ciudadanía”.
* Beatriz Miranda Cortés
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