Preparémonos para el futuro

El actual programa de infraestructura es el más ambicioso de nuestra historia. Los 28 proyectos ya aprobados representan inversiones por $35 billones, que requieren aportes de capital de los concesionarios de $13 billones y endeudamiento por $32 billones. La suma entre deuda y capital excede las inversiones, pues los concesionarios deben cubrir los costos operacionales mientras los proyectos generan ingresos.

La tarea apenas comienza. Existe una evidente necesidad de contar con financiamiento suficiente para concretar los proyectos. Además de los recursos de capital propio que deben aportar los concesionarios y de los recursos de crédito nacional e internacional que deben conseguir con entidades financieras privadas, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) jugará un papel esencial en el otorgamiento de financiamiento complementario para construir las vías que necesita el país.

La FDN ya cuenta con socios como la Corporación Financiera Internacional, la Corporación Andina de Fomento y el grupo Financiero Sumitomo-Mitsui, que son una garantía de que las inversiones se harán con estrictos criterios empresariales y los más altos estándares de gobierno corporativo. La plata no se va a regalar. Tendrá una rentabilidad financiera igual o mejor a la de Isagén, y ni hablar de su rentabilidad económica y social.

Sin embargo, la FDN cuenta en la actualidad con un patrimonio técnico cercano a los $665.000 millones, el cual se puede apalancar cinco veces para realizar operaciones hasta por $3,3 billones. Los socios mencionados han planteado que no más del 50% de su cartera se concentre en infraestructura vial, es decir, máximo $1,7 billones. Esto alcanzaría para otorgarle financiamiento complementario a cerca de ocho proyectos, a razón de $200.000 millones por proyecto (los cuatro que se han aprobado hasta ahora han sido de ese orden), lo cual es poco frente a las 28 APP públicas y privadas que ya están en marcha.

Potenciar el músculo financiero de la FDN es, por lo tanto, necesario para garantizar el éxito de la construcción de infraestructura en el país, y es aquí donde los recursos provenientes de la venta de la participación de la Nación en Isagén están llamados a jugar un papel fundamental. Los $6,5 billones que como mínimo resultarán de esta operación irán, como lo ordena la ley del Plan Nacional de Desarrollo, a las arcas del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), dedicado exclusivamente a promover e invertir en infraestructura. Este fondo será administrado por la FDN.

Isagén no se va del país. Permanecerá en Colombia generando energía y empleo de manera responsable. El país cuenta con un mercado energético maduro, sólido y competitivo, de modo que la venta no tendrá impacto sobre las tarifas que pagan los usuarios. La empresa seguirá escogiendo los proyectos de generación que quiere construir con criterios de empresa privada. Es una falacia pensar que Isagén podrá hacer proyectos por imposición del Gobierno, así no sean rentables. Así no funciona una empresa en la que el Gobierno desde hace mucho tiempo ha respetado los intereses de los accionistas minoritarios. Si se trata de subsidiar proyectos, el Gobierno tendrá que utilizar otros instrumentos.

Con la venta de la participación de la Nación en Isagén el país no pierde un activo. Lo reemplaza con otro más rentable y más estratégico para nuestro futuro: una nueva infraestructura vial. Será una inversión acertada y conveniente, un buen negocio para las inversiones del Gobierno, pero, sobre todo, para los colombianos.

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