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En España, como en la mayoría de países, hay dos tipos de justicia. La justicia de los de arriba y la justicia de los de abajo. En ambos casos encontramos disparates que claman contra el Estado de derecho y que invitan a pensar que, en muchas ocasiones, la justicia es una virtud desvirtuada, en beneficio particular de quienes tienen el poder suficiente de instrumentalizarla.
Tanto es así que en los últimos tiempos en España hemos encontrado sentencias que condenaban a un año de cárcel a un indigente por robar una barra de pan, a un joven por robar una gallina, o la misma pena, a una pareja, por robar 10 euros en hortalizas.
Otras vicisitudes, por supuesto casuales, han sido el hecho de que el primer condenado por los delitos cometidos bajo el franquismo —aunque luego fuera revocada la sentencia— fuese el mismo magistrado, Baltasar Garzón, que por primera vez trató de investigarlos. Asimismo, y tras recoger indicios, posteriormente probados sobre la trama de corrupción Gürtel, que afectó a decenas de políticos del más alto nivel en España, el magistrado fue inhabilitado de la carrera judicial por once años. Igual suerte puede correr Elpidio Silva, conocido por enviar a la cárcel al primer banquero español, Miguel Blesa, desde que iniciara la crisis.
De otro lado están Iñaqui Urdangarín, marido de la infanta Cristina, a quien se le acusa, parece que con motivos probados, de malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la administración y de dos delitos fiscales; Rodrigo Rato, exministro de Economía con el Partido Popular y primera cabeza visible de la abyecta estafa del caso Bankia, o Emilio Botín, presidente del Banco Santander, imputado hasta la saciedad por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental, pero siempre indemne ante el peso de la justicia.
Al respecto, conviene traer a colación un término de moda en España en los últimos tiempos: la casta. La casta, política pero también bancaria o inmobiliaria, entre muchas otras, a menudo nos presenta un nutrido grupo de individuos que han encontrado en la “cosa pública” un elemento óptimo desde el que enriquecer intereses privados. En otras palabras, empobrecer lo público a costa del beneficio personal. Lo peor es que muchos de sus integrantes, gracias al tráfico de influencias que retroalimentan política, economía y justicia, han quedado a salvo de cualquier posible responsabilidad frente a demandas, denuncias e imputaciones varias, siempre amparados por el oscurantismo y el artificio jurídico.
El enésimo caso de este tipo de circunstancias se aproxima. La infanta Cristina ha dejado de ser imputada para ser procesada por orden del juez José Castro. Adivinen cómo continúa…
*Jerónimo Ríos Sierra ** Investigador en ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid.
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