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El fraude electoral, en cualquiera de sus manifestaciones, es el resultado del concierto para delinquir entre candidatos corruptos, ciudadanos que venden su conciencia y contratistas sin escrúpulos que financian campañas políticas como la vía más segura para capturar la contratación.
Poco se habla, sin embargo, del papel que cumplen otros actores del sector privado en la consumación de ese gran crimen contra la democracia. Por estos días, cientos de hoteles, hostales y albergues se convierten en lugares de paso para electores que van y vienen, desde y hacia incontables municipios del país.
Igualmente, miles de buses, microbuses, taxis y otros tipos de vehículos son utilizados por los corruptos para trasladar de un municipio a otro a los electores que les vendieron su voto. Incluso hay casos en los que los electores son “trasteados” por avión. ¡Así de rentable es el negocio!
Lo que resulta lamentable es que algunos empresarios, guiados sólo por el ánimo de lucro, ausente de responsabilidad social, terminen siendo cómplices de ese asalto abominable a la democracia. Frente a indicios palpables de corrupción, se hacen los de la vista gorda.
¿Es legítimo prestar servicios de hotelería y transporte ese día? ¡Por supuesto! Lo que no es justificable es ignorar alertas de fraude y guardar silencio. Los empresarios tienen la obligación de debida diligencia en el desarrollo de su actividad comercial que no pueden obviar. Además, es su obligación denunciar los casos que puedan evidenciar corrupción electoral.
El cumplimiento de ese deber de denuncia no sólo contribuirá a que duerman con la conciencia tranquila, sino que les ahorrará dolores de cabeza: la Ley de Extinción de Dominio señala que podrán ser sometidos a extinción los bienes que sean utilizados para la consumación de una conducta ilícita, lo cual incluye los delitos electorales.
Así las cosas, los vehículos, inmuebles, el dinero en efectivo y cualquier otro bien que sea utilizado para delitos electorales, pueden ser sometidos a extinción. Por si fuera poco, la misma ley establece que quien denuncie o entregue evidencia que contribuya al remate del bien, podrá recibir hasta el 5% de los recursos obtenidos.
Basta con que una de cien personas que estén siendo “trasteadas” entienda que es mejor negocio denunciar que vender su voto, para que el dueño del vehículo o el dueño del inmueble en el que se están comprando los votos se enfrente a un proceso de extinción de dominio en el que tiene todas las de perder. Soldado advertido no muere en guerra. Transparencia es conciencia.
Camilo Enciso
* Secretario de Transparencia de la Presidencia.
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