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El 16 de julio de 1986, para más señas día de la Virgen del Carmen, fue asesinado en Leticia, extremo sur de Colombia y ciudad capital del hoy departamento del Amazonas, Luis Roberto Camacho Prada, quien en vida fuera corresponsal del periódico El Espectador en esa región del país y director ejecutivo de la Cámara de Comercio. En la lápida de su tumba hoy es prácticamente ilegible la frase: “Siempre serás para nosotros máximo ejemplo de padre, esposo y hombre”. Las circunstancias de su muerte fueron dramatizadad por Caracol en una seriado que contó con una amplia audiencia en su estreno.
Con su asesinato, en una sola acción, el narcotráfico arremetió contra fundamentales de una sociedad que desde el extremo sur del país trabajaba cotidianamente para construir patria en representación de la colombianidad y garantías esenciales de nuestra democracia como el derecho a existir, la integridad personal y territorial y la libertad de prensa.
La conmemoración de este año, luego de 38 años transcurridos desde el suceso, es en esencia la de una perenne impunidad, pues en su caso, como en el del 78,8 % de los 163 periodistas asesinados en Colombia entre 1938 y 2021, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no se ha proferido “ninguna condena a los responsables”; en el caso de don Roberto este dato estadístico trae una triste coincidencia, pues ese lapso inicia el mismo año en el que él vino al mundo.
En Colombia duele y ha dolido el homicidio profundamente, pero es un delito que no ha tenido contención; con cifras en mano es posible afirmar que, por su cuenta, es como si cada año desapareciera de la faz de la tierra uno o quizá dos de cualquiera de los cerca de 550 municipios de Colombia, que tienen una población semejante o inferior a las cerca de 14.000 muertes que según el Instituto de Medicina Legal hubo en 2023.
Según el artículo “Crimen en Colombia: análisis y sugerencias de política” del año 2002, que es posible consultar en el Repositorio Institucional de Fedesarrollo, las “altas tasas de homicidio en Colombia pueden explicarse por el deterioro del sistema de justicia penal y el tráfico ilegal de drogas”; y aunque han pasado casi cuatro décadas desde el asesinato de Roberto Camacho y más de dos desde que se publicara el artículo citado, tal parece que la situación no ha cambiado pues crece el delito, el narcotráfico está en auge exponencial y la reforma a la justicia sigue cabalgando pendiente desde hace varios gobiernos.
Hoy solo nos está quedando la memoria, pues de la justicia, esa promesa del Estado de derecho en la que creía firmemente don Roberto, cada vez menos por cuenta del olvido, el enfoque de omisión en el cumplimiento del deber de defender al ciudadano que se viene imponiendo, la inducción de crisis mediante el debilitamiento de nuestras instituciones y sus órganos, el enaltecimiento del delincuente y sus delitos y el ataque sistemático a representantes legítimos de la libertad de prensa.
A doña Ángela, esposa de don Roberto y mi madre, a Fidel Cano y El Espectador, a la FLIP y a la señora Ana María de Cano, un especial reconocimiento porque, a pesar de todas las frustraciones que llegan por cuenta del laberinto de valores en que se encuentran algunos sectores de nuestra sociedad, no han dejado de perseverar en el recordar y reivindicar los principios bajo los cuales se tejieron los ideales de nuestra nación, que don Roberto y muchos otros valerosos periodistas y compatriotas han enarbolado y defendido.
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