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El proceso de diálogo de La Habana es el resultado de la voluntad política del gobierno del presidente Santos y de la insurgencia de las Farc-Ep, y para llegar al punto de desarrollo en el cual se encuentra fue necesario recorrer un largo camino, de años de frustraciones y esperanzas.
Camino en el cual organizaciones de paz, de derechos humanos, de mujeres, de indígenas, estudiantes y campesinas/os reclamábamos el diálogo político como la única salida éticamente válida para pactar la terminación del conflicto armado.
Una de las expresiones sociales que considero ha cumplido un papel importante, contribuyendo a crear hechos de paz, es Colombianas y Colombianos por la Paz. Nos dimos a la tarea de habilitar un espacio con el propósito del diálogo epistolar con la insurgencia. Uno de nuestros mayores logros es haber contribuido a 30 liberaciones: 30 personas fueron devueltas a sus hogares mediante el diálogo, el acuerdo y las garantías básicas de respeto a su integridad.
El intercambio epistolar nació así, proponiendo otros caminos, desde una sensibilidad distinta a la guerrera, dominante en el país. Caminos de civilidad, de razonamientos equilibrados, de conversaciones, de escucha, de reconocimiento de la otredad, y con el sueño de lograr romper ese consentimiento social que desconoce el fondo de los problemas y que concibe la democracia a partir de un miedo infundado a la libertad.
En cuanto a los diálogos de La Habana, uno de los avances más significativos es el rescate del diálogo y de la palabra como vehículos para la tramitación de los conflictos y para pactar acuerdos. Este aspecto es de vital importancia para la construcción de imaginarios sociales y para el acercamiento entre contradictores que durante largos años se han enfrentado a través de las armas. Lo acordado en los tres puntos discutidos, aunque como dice el “Acuerdo General” nada está acordado hasta que todo esté acordado, es muestra de que a través de la palabra se puede llegar a acuerdos que abran canales institucionales para las transformaciones que necesita el país, en el largo camino de la construcción de la paz con justicia social.
Por supuesto, lo acordado no solucionará los problemas del pasado y del presente, como la pobreza, la inseguridad, la injusticia y la falta de oportunidades para grandes sectores sociales. Es necesario, para que estos acuerdos contribuyan a la paz duradera y sostenible que se cumpla con lo pactado, se genere un masivo apoyo ciudadano, se construyan las condiciones de seguridad y de protección a la integridad de quienes hagan la dejación de las armas y se integren a la vida política y social del país.
Colombia debe ser capaz de superar las causas estructurales de las graves injusticias y tener la capacidad de acoger a quienes se alzaron en armas y brindar oportunidades para que las armas no se vuelvan a constituir en el vehículo para demandar transformaciones sociales, políticas y culturales.
El lugar que están ocupando las víctimas de todos los actores armados en la agenda nacional y en las discusiones de La Habana marcan un hito de marcada importancia, no sólo por el reconocimiento de las graves violaciones a sus derechos, sino porque se colocan como una prioridad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Por último, considero que estamos iniciando un aprendizaje de no descalificar al oponente, ni deslegitimarlo. La interpelación democrática, pluralista, nos puede acercar como sociedad y así superar el mandato autoritario que sostiene que sólo con la guerra podemos ganar la paz.
* Piedad Córdoba Ruiz
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