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El tablero sobre el que se juega el futuro de Venezuela tiene fichas inciertas. Se han roto muchos de los pronósticos que apuntaban a una solución medianamente pacífica, una que pusiera al país en la ruta de su recomposición.
La mayoría del pueblo apuesta por el logro de la gobernabilidad y de la paz, porque vale aclarar que la confrontación que se pretende destrabar no es entre los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y el oficialista PSUV. Se trata del conflicto de la ciudadanía, que quiere materializar su derecho a expresarse en forma democrática, y el gobierno de Maduro, que lo impide.
Prueba de ello está en la suspensión del referendo revocatorio por el Consejo Nacional Electoral, basado en unas sentencias de cinco tribunales penales regionales que son incompetentes en materia electoral.
A eso hay que sumarle el uso del Poder Judicial para meter presos a varios líderes de la oposición y para inhabilitar a la Asamblea Nacional (ganada por la oposición con el voto popular) mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.
Es interesante cómo en la supuesta búsqueda de la paz y el diálogo, los acusados de golpistas por el gobierno nacional son atacados violentamente por los agentes de paz de Maduro. Esto es muestra de las contradicciones en el seno del gobierno, que hace alabanzas a la paz mientras sus seguidores —contando con la presencia del chavista alcalde de Caracas— golpean y roban a los presentes en la sesión especial de la Asamblea Nacional, y reprimen a los ciudadanos que salen a marchar en el interior del país, durante la llamada “Toma de Venezuela”. Ese día, efectivos de la policía dispararon perdigones a la cara de varios manifestantes.
Mientras tanto, el presidente sigue sin atender la emergencia que acosa a todos los venezolanos, sigue en su seguidilla de amenazas, se reúne solo con su gabinete ejecutivo en el Consejo de Defensa de la Nación (instancia a la que el presidente del Parlamento debía asistir pero que declinó porque no quería ir a tontear en Miraflores) y decreta un aumento de salario que dispara la ya enorme inflación del país.
Si se sigue forzando la barrera, es muy probable que la gente se quiera manifestar en la calle por su derecho a vivir, a comer, a curar a sus enfermos, y sería reprimida por quien tiene el monopolio de las armas y la violencia: el gobierno y las fuerzas armadas (las legales y los colectivos armados del gobierno).
Una bomba de tiempo en medio de un forcejeo en el que nadie quiere ceder. La MUD, antes de sentarse a hablar, pide el respeto del derecho al voto, libertad para los presos políticos, retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la autonomía de los órganos del Poder Público. Por su parte, el gobierno pide dialogar sin muestra de concesión alguna a favor del país, por lo que se sospecha que su diálogo es realmente un monólogo para ganar tiempo.
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