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Uno de los dictadores venezolanos del siglo XIX, el general José Tadeo Monagas, pasó al registro de las citas históricas por haber dicho que “la Constitución sirve para todo”.
Este enero de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha demostrado que el general tenía razón. Este 10 de enero debía encargarse de la Presidencia de Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional por la ausencia temporal o absoluta del presidente electo, Hugo Chávez, pero el TSJ dictaminó que no era necesario porque existía “continuidad de Gobierno” y que el presidente electo puede juramentarse en el momento que lo considere conveniente.
Al cesar el período presidencial cesaban también los funcionarios designados por Chávez, entre ellos el vicepresidente. Pero la tesis de la “continuidad” le permitió a Nicolás Maduro permanecer en su cargo y convertirse en representante del presidente electo. Una situación que no es fácil de comprender ni de explicar. Sin especulaciones, se trata de un golpe de Estado auspiciado por el Poder Judicial, algo que no había ocurrido en Venezuela. Que sabemos que se inició este 10 de enero, pero cuyo desenlace no imaginamos porque el TSJ, al pretender abrir un camino, parece haberlos cerrado todos.
El oficialismo ha podido optar por otras fórmulas, como la consagrada por la Constitución, con el presidente de la Asamblea Nacional encargado del Poder Ejecutivo y dispuesto a preservar de algún modo el tiempo que fuere necesario al presidente electo para regresar; aunque esto tampoco podría calificarse de ortodoxo implicaría, al menos, un esfuerzo por preservar la apariencia de legitimidad de las decisiones.
De manera insólita, jefes de Estado de América Latina, y en particular de PetroCaribe y de Alba, han concurrido a “reuniones extraordinarias de trabajo” como un gesto de solidaridad comprensible con el presidente electo, en momentos en que la economía venezolana les envía señales inequívocas de que no está en condiciones de continuar con programas como los que caracterizan estas alianzas de beneficios unilaterales.
Un general pudo haber dicho que “la Constitución sirve para todo”, y otro que “no sirve para nada”. Lo grave es que ahora no han hablado los generales, sino los magistrados del Tribunal Supremo. Y esto no es fácil de explicar.
* Simón Alberto Consalvi, exministro venezolano
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