Código de tombos

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Alberto López de Mesa, arquitecto y habitante de calle, que avanza en su proceso para dejar el bazuco, escribe para El Espectador.

Por: Alberto López de Mesa

Antanas Mokus como alcalde de Bogotá entendió que muchas de las prácticas adversas  al respeto del espacio público y al cumplimiento de la normatividad urbana, obedecía, en gran medida, a deformaciones estructurales de la conciencia ciudadana, por ello, procedió a cumplir como programa bandera de su gobierno lo que se llamó “La Cultura Ciudadana”, en efecto, todos en el país entendimos y aprendimos que podíamos ser educados para la sana convivencia. Este proceso de transformación social a partir de la educación (como la mayoría de buenas acciones en nuestro país) quedó trunco.

Hoy en día, y como resultado de una mentalidad que se originó en tiempos de “La Seguridad Democrática”, las administraciones municipales, el Estado en general porfía en resolver los problemas estructurales de las dinámicas sociales a punta de comparendos o de bolillazos, así pues, la ética de la convivencia, de la tolerancia, de los deberes y los derechos del ciudadano quedaron en manos de los tombos, como se demuestra en el nuevo Código de Policía. Justo ahora, cuando la policía nacional pasa por un momento pésimo para su imagen institucional, cuando los noticieros divulgan practicas perversas en la misma Escuela General Santander, cuando todos los días las cámaras públicas muestran escenas de abuso de autoridad, con habitantes de calle, con grafiteros, con vendedores ambulantes, cuando ya se ha demostrado que el sistema de cuadrantes es corrupto, toda vez que acepta sobornos del micro tráfico. Aun así la sociedad civil debe aceptar que quede en manos de la policía nada menos que la ética de la convivencia ciudadana.

A los políticos que hoy enarbolan las banderas anticorrupción, debo decirles que este nuevo Código de Policía que se aprobó en el Senado oficializará las corruptelas en las calles de nuestras ciudades, porque han dejado en manos de los tombos lo que debían ser medidas programáticas de todas las instituciones del estado. O acaso creen que las multas y el bolillo  solucionarán los fenómenos de las ventas ambulantes y de la indigencia?

Por ejemplo se sancionará con un comparendo a quien vean orinando en un parque aunque no haya ninguna oferta de baños públicos. Se sancionará al que cante en los buses aunque para éste artista urbano no haya ninguna oferta de inclusión socio laboral.

Mientras las soluciones estén soportadas en criterios esquemáticos de seguridad y no se invierta en campañas educativas y en programas de inclusión sostenible, los procesos de paz serán un paliativo efímero.

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