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En cifras de desplazamiento forzado nadie tiene una verdad revelada. En eso coincide Codhes con el columnista Alejandro Gaviria, a propósito de la nota editorial publicada el 5 de octubre en El Espectador, bajo el título “desplazados y estadística”.
Ni el Gobierno con su Registro Único de Población Desplazada, ni Codhes con su Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, ni las agencias humanitarias que reciben y atienden esta población, ni la Iglesia Católica, que hace una excelente labor humanitaria con los desarraigados y desterrados, ni siquiera el DANE tiene la cifra exacta de las personas obligadas a huir de un lugar a otro dentro del territorio nacional por razones de violencia.
Para empezar, no todas las personas que se registran en el sistema oficial son desplazadas, ni todos los desplazados acuden a este registro, ni todos los que acuden logran el registro. El Gobierno registra población desde 1999 (en realidad el sistema opera desde 2000), lo cual no quiere decir que en la dura década de los 90 no hubo desplazados en medio del conflicto armado y la violencia. Como lo dice la Ley y lo ratifica la Corte Constitucional, es obligación del Gobierno cuantificar, registrar y caracterizar a la población desplazada para asegurar sus derechos, prevenir las causas que provocan desplazamiento, restablecer sus formas de ingresos y atender y proteger a las víctimas.
Codhes, una organización no gubernamental de derechos humanos, estudia el desplazamiento en medio del conflicto armado, hace una aproximación cuantitativa del número de personas afectadas y promueve y participa en escenarios en los cuales se avanza en una caracterización sociodemográfica de esta población. La estimación del número de personas desplazadas por parte de Codhes es un esfuerzo autónomo e independiente que se realiza, conjuntamente con la Conferencia Episcopal para el período 1985-1994 y desde 1995 con otros actores (alcaldías, personerías, Defensoría, Procuraduría, ONG, asociaciones de población desplazada, entre otras). Este ejercicio, que se realiza desde hace 16 años, se soporta con validación en terreno, contrastación de fuentes (gubernamentales, no gubernamentales e internacionales) y consulta permanente a medios de comunicación e informantes calificados.
La información del Gobierno no se puede comparar estadísticamente con la información de Codhes, porque usan metodologías distintas, pero tomando como referencia los datos de ambas fuentes, es posible afirmar que en Colombia se mantiene el desplazamiento forzado en tal dimensión que se puede afirmar la existencia de una crisis humanitaria y de derechos humanos crónica, sostenida y prolongada, como consecuencia de múltiples formas de agresión a la población civil, atribuidas a nuevos grupos paramilitares, guerrillas y agentes estatales.
Según el comunicado expedido por Acción Social con motivo del informe de Codhes, durante el primer semestre de 2008 el Gobierno registró 111 mil personas desplazadas, un dato parcial que ya da cuenta de la gravedad de la situación. Más de cien mil personas, y no 46.600 como afirma el columnista, sin que este desliz estadístico fundamente una acusación de “ficción aritmética” en su contra.
Codhes solicitó a la honorable Corte Constitucional, en seguimiento a la Sentencia T 025 de 2004, una “audiencia técnica” sobre construcción de cifras y metodologías de los sistemas de información sobre desplazamiento forzado en Colombia, con participación de expertos nacionales e internacionales, académicos y representantes de Acción Social, Codhes, la Iglesia Católica, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros. Es un paso más desde Codhes en torno al debate sobre la cifra de desplazados.
Una precisión final: desplazar una persona es un delito. Si la desplazan dos veces en circunstancias diferentes, se configuran dos delitos. Codhes cuenta eventos de desplazamiento que, en un 15%, según la última encuesta nacional de verificación, recaen sobre personas que han sido desplazadas más de una vez, lo cual indica que en desplazamiento no hay garantías de no repetición (y no es un problema estadístico).
El señor Alejandro Gaviria, como economista y ex funcionario de Planeación Nacional, tiene todo el derecho a no creer en las cifras oficiales o en los datos no gubernamentales, pero también tiene toda la obligación de conocer de qué se trata el debate, para orientar de mejor manera a sus lectores.
Jorge Rojas R. Director de Codhes. Bogotá
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