Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En los últimos días los medios de comunicación se han referido ampliamente, tanto a la captura de Guillermo León Valencia Cossio, como a la eventual y al parecer inevitable renuncia de su hermano Fabio al Ministerio del Interior y de Justicia.
Pese a que tanto han analizado el asunto, no han reparado en un “detallito” así de chirriquitico: que al parecer la Fiscalía General de la Nación está empeñada en que haya impunidad en tan gravísimo caso de corrupción de un servidor público.
En efecto, si se repara en que todos los delitos que se le imputan al ex director Seccional de Fiscalías de Medellín fueron cometidos cuando desempeñó ese alto cargo, aprovechándose precisamente de la información privilegiada que allí manejaba, es clarísimo que la competencia para decidir sobre la detención de dicho ex funcionario recae exclusivamente en un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, pues la competencia para juzgar a aquél es del resorte exclusivo y excluyente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tal como se desprende de lo claramente normado en los artículos 32-9º y parágrafo del mismo, y en el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 906/04 mediante la cual se promulgó el actual Código de Procedimiento Penal.
De donde se deduce que la jueza 17 Penal Municipal de Garantías de Medellín carecía y carece de competencia para decidir sobre la detención del señor Valencia Cossio, adoleciendo de la misma causal de nulidad el Juez Penal del Circuito de Conocimiento, a quien se le remitió el asunto para que decida la apelación propuesta por la Fiscalía y la Procuraduría. ¿Será que tanto la Fiscalía General de la Nación, como la propia Procuraduría General de la Nación persistirán en este craso yerro jurídico y no promoverán el envío inmediato de dicho proceso a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá? Averígüelo Vargas.
Jaime Enrique Lozano.Bogotá.
La columna de Yamhure
En la columna del 28 de septiembre el señor Ernesto Yamhure dice: “Si el Gobierno quisiera callarlo simple y llanamente lo extraditaría y punto”, refiriéndose al caso de las denuncias hechas por alias H.H.
Bueno, por fin alguien de la entraña uribista nos da la razón a los que siempre hemos sostenido que a los grandes capos del paramilitarismo recientemente extraditados, que habían empezado a “hablar”, simple y llanamente los extraditaron y punto, para lograr callarlos.
Gracias al señor Yamhure por sus luces en este asunto, sabemos que tiene la razón en este caso.
Mauricio Jaramillo T. Ibagué.
Sobre Cartagena
Cartagena padeció el ataque pirata en la colonia. En la edad moderna resiste los embates de los corsarios con toda clase de licencias.
Siendo muy joven viví en Cartagena y me familiaricé con el trabajo notarial. Tocando el tema de Barú, creo que valdría la pena una acertada investigación de escrituras de esos predios a partir de los años 50, tema de la calidad que ustedes suelen hacer.
Las tierras de Barú comprendían algunas propiedades que muestran escrituras del siglo XIX. El resto de la isla era posesión plena de los negritos, como les llamaban.
Las trapisonas comenzaron cuando se presentaron los “visionarios del turismo”. Otra isla misteriosa es Tierrabomba. ¿Cómo pasó de propiedad municipal a lo que es hoy?
Y para rematar: las casas situadas dentro de “El corralito de piedra” parecen estar en manos extrañas —¿quiénes son?, ¿qué personajes se las vendieron?
Alberto Martínez.Cartagena.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Conoce más