La huelga en España

En una economía abierta una manera expedita de conseguir competitividad  puede ser mediante la reducción los salarios que, histórica y legalmente, son inflexibles a la baja. Es lo que busca la reforma laboral que ha movilizado a cientos de miles a las calles. El trabajo español, como el de muchos países, debe competir en la globalización con el chino y el de otras naciones cuyos costos de producción son mucho más bajos.

En teoría y en el largo plazo, debe producirse una igualación del precio del trabajo, como lo propone el modelo de comercio internacional de Heckscher –Ohlin. La irrupción descontrolada de China en el mercado mundial,  y su inmensa capacidad productiva, tienden a nivelar los salarios, desafortunadamente, por abajo, es decir, tomando como referente los que se pagan en China.

Vale recordar que esos bajos salarios y unas pésimas condiciones laborales, han propiciado desempleo masivo  en todas partes. Las más grandes empresas transfirieron sus producciones a un país en que no se respetan siquiera sus propias normas de trabajo. La semana anterior, por ejemplo, el más grande productor de electrónicos del mundo, Foxcoon, que suministra partes a Apple, Dell y otras grandes empresas mundiales, debió comprometerse a mejorar las condiciones de trabajo, incluidos los salarios, luego de una visita de la Asociación por el trabajo justo que amenazaba con un escándalo internacional.

Dado el régimen político imperante, a los trabajadores Chinos les resulta difícil pensar en huelgas, así que una nivelación de salarios allí, hacia arriba, con efectos en otros mercados, se va a demorar. Otra forma de restar competitividad a los productos Chinos, la  apreciación de su moneda, pese a los esfuerzos de los países damnificados, también. Si tales son las expectativas del mercado laboral en España y Europa, es difícil ser optimistas a la hora de vaticinar lo que viene: la reducción del déficit fiscal, del 8.5% al 5.3% del  PIB, implica recortes que no lograrán sino pronunciar la recesión. El Estado de bienestar, un modelo que el mundo observaba con admiración y esperanza, comienza a ser cosa del pasado.

Comprendiendo la dificultad de que una huelga local solucione un problema global, el editorial del diario El País del pasado viernes, hacía un llamado a la mesura y el respeto a las instituciones. Con razón, afirmaba que una oleada de huelgas solo puede afectar la “confianza de los inversores”, aumentando el desempleo y las dificultades. Actitud responsable que no tuvo el Partido Popular al poner al difuso y vacilante Zapatero contra las cuerdas, con el único objetivo de ganar las elecciones, comprometiéndose con un discurso que va a costar “sangre, sudor, lágrimas” y más desempleo.

Pero no todo, en la solución  de la crisis, es política o, más bien, politiquería: en contrario de las teorías que proponen adelgazar el gobierno “porque sí”, un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de España  demostró que los niveles de gastos de esos servicios, que se están desmontando, no solo son inferiores en ese país a los del resto de Europa, sino que son diferentes entre las distintas comunidades, recuperando la importancia de la eficiencia en la gestión de los gobiernos, lo cual es diferente a suprimirles, como pretenden algunos que consideran que solo reducir los impuestos y recortar los presupuestos públicos genera nuevos empleos.

La huelga que ha debido afrontar el gobierno Rajoy, a tres meses escasos de asumir, desafortunadamente será la primera de muchas. Error en el modelo, al tratar de superar el desempleo facilitando despidos, y error en la aplicación, al formalizar el recorte de gastos o ajuste, un día después de la  jornada de paro. Comienza a recibir dosis repetidas, aunque más “movidas”, de su propia medicina. Al tratar de superar la crisis con medidas recesivas, se empeña en apagar un incendio que se extiende utilizando gasolina.