Las pirámidesy los medios

Pregunto hasta qué punto les está permitido a los periodistas emitir juicios públicamente de cuanto ven y cuanto oyen, sin estar preparados académicamente y faltando al principio de objetividad que debe regirlos. Es inaceptable que amparados en el principio de libertad de expresión se dediquen a juzgar todo lo que se le venga en gana, sin ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de hacerlo a través de los medios masivos de comunicación.

No más imaginen que se hiciera, con una acción en la bolsa, o un banco, lo mismo que se ha hecho con las pirámides. O con un constructor, o con cualquiera que capte dinero del público. No es necesario imaginarlo: no dudo que en el “crash” de las bolsas más importantes del mundo el papel de los medios masivos fue determinante.

La informalidad y/o la ilegalidad —que aún está por demostrarse— mucho menos la alta rentabilidad, justifican el pánico económico que arrasó con los ahorros de mucha gente humilde. Lo peor es que los negocios estaban funcionando; a la gente les estaban pagando sus intereses, por eso cada vez había más clientes; los empresarios estaban cumpliendo con sus obligaciones y no se sabe cuántos ya habían salvado el capital y sólo arriesgaban lo ganado: es lo racional en los negocios de alto riesgo, desde los casinos hasta las bolsas de valores, y nadie ingresa en ellos a la fuerza.

Partamos del hecho de que no hay negocio ciento por ciento seguro, ni perdurable, salvo los que cuentan con protección estatal. El riesgo está inherentemente ligado a toda actividad humana y cada quien tiene un nivel tolerable de exposición al mismo. Los grandes empresarios se apalancan con dineros de los inversionistas, capital de riesgo le llaman —eso hacen, entre muchos más, las empresas inscritas en las bolsas— y quienes los aportan saben que pueden perderlo todo o ganar más. El estímulo no es otro que la rentabilidad; por eso de los negocios muy riesgosos se exige una alta rentabilidad.

Eso en el sector formal de la economía. En el sector informal sucede igual, sólo que la gente pobre tiene otra manera de hacer negocios y de exigir el cumplimiento: se prestan dinero a altas tasas y sin ningún documento de garantía; se venden bienes raíces con una minuta escrita por quien vende; la herencia que dejan al morir los padres es de quien esté usufructuando el bien; la casa es de quien la construye sin importar quién es el dueño de la tierra; y se fían en las tiendas, entre muchas más.

El que incumple paga con la vida. Para ellos el Estado no existe como no sea para ser objeto de los programas sociales. Esa es la realidad y no se cambia con cámaras de televisión ni con escándalos públicos. Por ignorancia, no más que por eso, agravaron el problema que querían evitar, y ahora le tocará al Gobierno, o a los medios, para ser justos, recompensar tanta tragedia.

 Miguel Yances Peña.  Cartagena.

Casos aislados

Amén del reciente retiro de 27 militares (3 generales, 17 oficiales y 7 suboficiales) por su responsabilidad (acción u omisión) en la desaparición y ejecución de civiles, cabe recordar algunos otros “casos aislados” semejantes que han sido reseñados por la prensa sólo entre junio y octubre de  2008:

—  Capitán del Ejército confiesa participación en el asesinato de ocho personas, entre ellas tres niños, el 21 de febrero de 2008 en San José de Apartado (El Tiempo, 2 de agosto).

— Cabo del Ejército condenado por secuestro y violación de niña de cinco anos (El Tiempo, 16 de agosto).

— Condenan a tres militares a 18 años de cárcel por crimen de indígenas a quienes reportaron luego como muertos en enfrentamiento (El Tiempo, 30 de agosto).

— Comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército y tres oficiales más son destituidos por la Procuraduría General de la Nación por asesinato de tres sindicalistas en un lugar cerca de Saravena (El Tiempo, 3 de septiembre).

— Condenado a cuarenta años de cárcel sargento del Ejército por la muerte de cuatro indígenas (El Tiempo, 6 de septiembre).

— De enero a septiembre de 2008, 1.248 hombres de las Fuerzas Armadas —entre ellos alrededor de 30 oficiales— han sido retirados por líos judiciales y disciplinarios. La Procuraduría y la Fiscalía tienen bajo investigación a 3.546 uniformados (El Tiempo, 15 de septiembre).

— Capturan a cuatro militares por homicidio de agricultor en 2006 (El Tiempo, 18 de septiembre).

— Dos militares pagarán 40 años de cárcel por secuestro y homicidio de dos ex guerrilleros del Eln (El Tiempo, 20 de septiembre).

— Hay 750 investigaciones a militares por ejecuciones extrajudiciales: han sido acusados 180 y condenados 50 (Semana, 29 de septiembre).

— La Procuraduría abre pliego de cargos contra capitán del Ejército y cuatro militares más por la muerte de Gustavo Zuleta en julio de 2006, quien fue presentado como miembro de ‘Los Machos’ cuando en realidad murió en estado de indefensión (El Tiempo, 14 de octubre).

— De acuerdo con estadísticas cruzadas de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, en lo que va corrido de 2008 cien personas han sido reportadas como desaparecidas en nueve departamentos, personas que han sido luego señaladas por el Ejército como muertas en combate (El Tiempo, 15 de octubre).

 — Según la Fiscalía, 1.015 personas han sido asesinadas y presentadas como muertas en combate por las Fuerzas Militares. 728 miembros de las Fuerzas Militares están vinculados a procesos por falsos positivos y 42 han sido ya condenados (El Espectador, 30 de octubre).

 Ignacio Escobar Uribe. Bogotá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com