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El columnista recoge y matiza las críticas que el senador Jorge Enrique Robledo y el representante Iván Cepeda han hecho a la restitución, cuando afirman que el gobierno ha engañado a la opinión al presentar titulaciones de baldíos como restituciones, y las atribuye a una falta de claridad de los anuncios del gobierno. En el mismo párrafo menciona la necesidad de una reforma al régimen agrario vigente, que haga posible la restitución y concluye apoyando que se rodee al gobierno en el esfuerzo necesario de la restitución.

El gobierno no desconoce la necesidad de reformar el régimen agrario y por eso se dispone a presentar el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural al Congreso, cuando termine el proceso de consultas étnicas que está en curso. Pero desde el inicio del mandato del presidente Santos, el ministro Juan Camilo Restrepo adoptó un plan de choque para acelerar la solución de conflictos agrarios, adjudicar baldíos a campesinos, ampliar los territorios colectivos de las minorías y revocar resoluciones ilegales del Incoder que habían caducado los títulos de propiedad de los desplazados y habían asignado las parcelas a testaferros de los jefes paramilitares, en un proceso institucional de legalización de despojos.

Este último proceso administrativo logró restituir, sin contar aún con la Ley de Víctimas, más de 18.000 hectáreas, que se anunciaron como demostraciones anticipadas de la voluntad política para restituir, junto con los títulos nuevos de adjudicación de baldíos ocupados, que se presentaron como titulación a familias campesinas y como demostración de la voluntad para ordenar y distribuir los derechos sobre la tierra, sin confundir unos y otros.

La restitución de la Ley de Víctimas es un proceso que incluye una fase administrativa , que estudia cada caso para incluir los predios en el registro de tierras despojadas, y una judicial, en la que los jueces notifican al posible oponente, aplican las presunciones de despojo a favor de las víctimas e invierten la carga de la prueba, para que corresponda probar su derecho al que se opone a la restitución.

El gobierno ayudará a recabar las pruebas de cada despojo individual en concurrencia con las víctimas y sus organizaciones comunitarias, pero también será cuidadoso para no llevar ante los jueces falsas reclamaciones, que pudieran poner en peligro derechos legítimos de propiedad de quienes nunca despojaron a otros. La necesidad de probar el despojo es muy distinta a la pretendida eliminación de la inversión de la carga de la prueba una vez presentada la reclamación ante los jueces, que sigue vigente en la reglamentación de la ley.

El celo con el que se protejan los derechos legítimos de propiedad de la tierra determina las posibilidades de construir una gran alianza entre el Estado, los empresarios legítimos del campo y los campesinos despojados, para resolver el conflicto entre legalidad e ilegalidad que causó la catástrofe humanitaria del desplazamiento y el despojo del patrimonio de los productores agrarios. La restitución ordenada y eficiente es un camino seguro hacia la superación del conflicto violento por la tierra y a la vez una política para sanear el mundo rural de criminales despojadores, para restablecer la legalidad y la función social de la propiedad como las bases del desarrollo agrario.

*Asesor del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.