Mujeres: botín de guerra

Y de esas comunidades afectadas, las mujeres somos las que llevamos la peor parte. Y he de llamarnos “comunidad” en virtud de la legislación existente sobre los derechos sexuales y reproductivos que nos garantiza la Constitución, que son los más vulnerados por todas las partes incursas en las armas como forma de dominación y humillación del enemigo. Es así como el cuerpo de las mujeres desplazadas y pertenecientes a las poblaciones asoladas por el cruento enfrentamiento, se ha convertido en botín de guerra sin importar edad, condición física, etnia, creencia religiosa o política.

No es una novedad de nuestro conflicto: a través de la historia desde el comienzo de la humanidad encontramos como común denominador el abuso sexual, el embarazo forzado, la mutilación y esclavización de las mujeres del enemigo como arma letal esgrimida por los guerreros. Se busca con ello destrozar y aniquilar la sucesión, “matar la semilla” y, también, impactar la soberbia masculina que ha hecho de los genitales femeninos el templo donde sólo puede oficiar un sacerdote, en virtud del machismo más cerrero. Colocar la dignidad en los genitales es también la causa principal de los horribles crímenes contra mujeres que a diario nos relata la prensa nacional e internacional, cuyas estadísticas son similares en los países desarrollados y en vías de desarrollo.

De las víctimas de desplazamiento en Colombia, el 56 por ciento son mujeres (741.776 según cifras oficiales) y detrás de ese desplazamiento se esconde todo tipo de actos de barbarie sexual infligidos por todos los bandos, sin excepción, como “retaliación contra presuntos informantes, avance en el control territorial y consecución de información sobre la contraparte”, según la Corte Constitucional que además señala en extenso memorando con tiempo definido para que el Estado corrija las falencias, “la respuesta estatal ha sido manifiestamente insuficiente para hacer frente a sus deberes constitucionales en el área y que los elementos existentes de la política pública de atención al desplazamiento deja vacíos críticos”.

Creo que son más de 741.776 las mujeres desplazadas y víctimas de la violencia sexual de este conflicto. Hay miles más que tienen que huir ante la amenaza de ser ultrajadas y no están contabilizadas en las cifras de desplazamiento porque ni siquiera se reportan ante las ONG o los organismos del Estado, porque el miedo no está incluido y no se puede probar. Y cuando las vemos en las esquinas de todas las ciudades colombianas con muchachitos al hombro o pidiendo ropa y alimento de puerta en puerta, lo primero que pensamos “es una farsa para sacarme dinero”, porque tantas son. Y ahí me pregunto si ese 97 por ciento de los encuestados que reconoce como justo que las víctimas reclamen sus derechos, entiende que la defensa de los derechos humanos es un deber de todos. Y qué está haciendo cada uno por aportar a esas personas, diferente de tirarles la moneda en el semáforo o entregar la ropa maltrecha y los alimentos caducados.

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